El Departamento de Justicia decidió enfocarse en los procesos de desnaturalización mediante litigios civiles, una medida que perjudicaría a inmigrantes.
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos ha decidido aumentar su atención hacia la ciudadanía adquirida mediante naturalización, ordenando al Departamento de Justicia (DOJ) que priorice los casos de revocación de este estatus migratorio en el país. Esta política se dirige a personas que han cometido delitos específicos, independientemente de que estos hayan ocurrido antes de que obtuvieran su ciudadanía. AQUÍ los detalles.
Una directiva, emitida a través de un memorando con fecha del 11 de junio, ha brindado a los fiscales federales mayor autonomía para iniciar procesos de desnaturalización, lo que ha generado preocupación entre expertos en derechos civiles e inmigración por sus posibles implicaciones legales y humanitarias.
El documento, que ya ha sido firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, establece que el DOJ priorizará estos procedimientos dentro de sus cinco áreas principales de enfoque en la ejecución civil.
Se estima que más de 25 millones de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos podrían verse afectados por este nuevo enfoque del DOJ. Vale precisar que las autoridades federales centrarán su atención en casos donde la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, ocultación de información relevante o en situaciones que involucren delitos graves, tales como:
Este memorando también faculta a los fiscales para referir "cualquier otro caso que consideren de suficiente relevancia", lo que amplía el alcance de aplicación y ha suscitado críticas por la falta de límites claros en su implementación en toda la nación de Trump.