El Salvador informó a un grupo de la ONU que EE. UU. cuenta con "la jurisdicción y responsabilidad legal" sobre inmigrantes que fueron enviados a CECOT.
Recientemente, las autoridades de El Salvador decidieron expresar, mediante documentos judiciales y frente a un grupo de la ONU, que Estados Unidos cuenta con "la jurisdicción y la responsabilidad legal" de todos los inmigrantes que fueron expulsados a una de las prisiones más drásticas en el país centroamericano. ¿Por qué el país americano tiene el control de este grupo de extranjeros? AQUÍ todo lo que se sabe.
Hace unas horas, las autoridades de El Salvador aseguraron que Trump tiene la custodia completa de los inmigrantes encarcelados de CECOT, lo que complica las peleas judiciales. Vale precisar que, el pasado 15 de marzo, el gobierno de Trump deportó a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, a quienes se les acusa de pertenecer a pandillas, utilizando una Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII.
Pese a estas impactantes acciones, Washington ha sostenido públicamente, incluso en instancias judiciales, que no tiene autoridad sobre los inmigrantes enviados a El Salvador. No obstante, por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele manifestó que no tiene "poder" para devolver a estos individuos.
Al respecto, algunos abogados que representan a los venezolanos deportados no dudaron en presenrar, ante una corte estadounidense, un documento que incluye la respuesta de El Salvador a las inquietudes del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En este documento, el Estado salvadoreño enfatiza que sus autoridades no arrestaron ni trasladaron a los extranjeros, limitándose a implementar un mecanismo de cooperación bilateral.
El Salvador también mencionó que está permitido el uso de su infraestructura penitenciaria para la custodia de personas detenidas bajo el sistema judicial de Estados Unidos, dejando en claro que, "la jurisdicción y la responsabilidad legal", recaen de manera exclusiva en las autoridades competentes de ese país.
Con ello, se conoció que el país de Bukele no puede ser considerado responsable del incumplimiento del principio de no devolución.