ALERTA ROJA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: compatriota es DEPORTADO a El Salvador para ser recluido en el Cecot y genera indignación en la comunidad
Un venezolano fue deportado a El Salvador desde EE. UU. y recluido en el Cecot, generando indignación en la comunidad inmigrante. Exige justicia por maltratos sufridos.
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Un compatriota venezolano fue deportado a El Salvador desde Estados Unidos y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), generando indignación entre la comunidad de inmigrantes. Neiyerver Adrián León Rengel presentó una denuncia formal en marzo de 2026, alegando que su detención y traslado fueron ilegítimos y exigiendo justicia por los maltratos sufridos.
El migrante asegura que su arresto por el ICE ocurrió pese a tener una audiencia migratoria pendiente y que fue vinculado erróneamente a la banda criminal Tren de Aragua por tatuajes que representan a su familia y profesión. Además, denuncia que su deportación violó una orden judicial temporal y que se justificó con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ignorando el debido proceso.
Venezolano deportado a El Salvador denuncia maltratos en Cecot.
Torturas y maltratos en el Cecot
Durante su tiempo en el Cecot de El Salvador, León Rengel relata haber sido sometido a torturas y tratos inhumanos, incluyendo golpes y la obligación de consumir agua usada por otros reclusos. En declaraciones a medios estadounidenses, describió la experiencia como un ‘infierno total’, llegando incluso a considerar quitarse la vida debido al trato recibido.
Reclamo legal y compensación
En su demanda, presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, el venezolano solicita una sentencia declaratoria que reconozca la violación de sus derechos y una indemnización mínima de 1,3 millones de dólares. Los cargos incluyen negligencia, imposición intencional de angustia emocional, abuso de proceso y encarcelamiento erróneo.
Su caso ha generado preocupación e indignación en la comunidad de inmigrantes en EE.UU., y plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad del gobierno estadounidense respecto a ciudadanos deportados y los derechos humanos durante procesos de traslado internacional.
