Perú vive un auge en el iGaming y los juegos de casino: ¿Cómo impactarán las nuevas leyes y cambios fiscales?
El auge del iGaming en Perú impulsa nuevas regulaciones y un impuesto del 12% a las apuestas en línea. La industria se formaliza y crece con normas claras.
Perú vive un verdadero auge en las apuestas en línea y los juegos de casino, impulsado por el rápido crecimiento de plataformas digitales de iGaming en los últimos años. Este boom se refleja en cifras significativas: según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las apuestas deportivas a distancia generaron alrededor de 1.000 millones de dólares en movimiento económico durante el último año, sin aportar ingresos al fisco nacional. La facilidad de acceso a casinos en línea, apuestas deportivas y otros juegos remotos ha multiplicado la participación de usuarios en todo el país, situando a Perú como uno de los mercados emergentes más dinámicos de la región en este rubro.
En respuesta a esta expansión, el gobierno peruano ha implementado por primera vez un marco legal específico para regular y gravar estas actividades. En agosto de 2022 se promulgó la Ley N.º 31557 para regular la explotación de juegos y apuestas a distancia, y durante 2023 se elaboró su reglamento con aportes tanto del sector público como privado. Esta norma, vigente desde abril de 2024, marca un hito al formalizar una industria hasta entonces sin fiscalización clara. Perú se convirtió así en el tercer país de Sudamérica en establecer reglas para el juego online, siguiendo los pasos de Colombia y Argentina. El desafío ahora es equilibrar el imparable crecimiento del sector con las nuevas exigencias legales y tributarias, cuyas implicaciones analizamos a continuación.
Auge del iGaming y los casinos en Perú
El mercado peruano de apuestas online y juegos de casino ha crecido exponencialmente en los últimos años. La penetración de Internet y la popularidad de los deportes, sumadas a eventos internacionales, han disparado el interés de los peruanos por estas plataformas digitales. Entre 2019 y 2022, la cantidad de búsquedas y usuarios vinculados a casas de apuestas se multiplicó, reflejando un cambio en los hábitos de entretenimiento. Según el experto en juego Erik King, este aumento en el número de transacciones y jugadores en línea traerá un gran atractivo económico que representa esta industria en el país.
Este auge no pasó desapercibido para las autoridades. La ausencia de regulación significaba que empresas –muchas de ellas con operaciones internacionales– captaban importantes ganancias en Perú sin contribuir con impuestos locales. Ante esta situación, el Gobierno y el Congreso percibieron la necesidad de actuar. La congresista Diana Gonzales, entre otros impulsores, presentó iniciativas para controlar este sector en crecimiento. Finalmente, el Ejecutivo tomó la iniciativa a través del Mincetur elaborando el Proyecto de Ley N.º 2070, base de la Ley 31557, con el objetivo de canalizar el auge del iGaming hacia la formalidad y la protección del jugador.
Nuevas leyes para una industria en expansión
La Ley N.º 31557 y su reglamento, aprobados en 2022 y 2023 respectivamente, establecen un marco legal integral para los juegos en línea y apuestas deportivas a distancia. Su entrada en vigencia efectiva el 9 de febrero de 2024 posicionó a Perú como pionero regional en regular esta actividad emergente. Por primera vez, las empresas operadoras de plataformas de apuesta deben obtener una licencia de Mincetur para funcionar legalmente en el territorio peruano. Se otorgó un plazo de 30 días (hasta marzo de 2024) para que todas las casas de apuestas en línea –nacionales y extranjeras– soliciten su autorización; aquellas que no lo hicieran no podrán seguir operando y enfrentarán multas no menores a 150 UIT, además de posibles denuncias penales.
El objetivo central de la ley es garantizar que la explotación de los juegos a distancia se realice con integridad, transparencia y responsabilidad. Para ello, Mincetur, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), fue designado como órgano regulador encargado de autorizar, fiscalizar y sancionar a los operadores. La normativa incluye medidas para proteger a los usuarios, especialmente a menores de edad y personas vulnerables, mediante controles de acceso y programas de juego responsable. Además, impone obligaciones de transparencia a las plataformas, como el registro de jugadores con verificación de identidad, la prevención del lavado de activos (evitando apuestas anónimas) y garantías para asegurar el pago de premios.
Cambios fiscales: impuesto del 12% y gravámenes a las apuestas
Junto con la regulación, llegaron reformas fiscales significativas para el sector del iGaming. A partir del 1 de enero de 2025, entró en vigor un nuevo esquema tributario: las plataformas de apuestas en línea deben pagar un impuesto especial del 12% sobre sus utilidades netas mensuales, y adicionalmente cada jugada realizada por los usuarios está sujeta a un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Este ISC grava cada transacción de apuesta efectuada y es asumido por el apostador al momento de cargar dinero o bonos en su cuenta de juego. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la obligación del ISC surge cuando se debitan fondos o bonificaciones monetarias de la cuenta del jugador para apostar, excluyendo promociones gratuitas no convertibles en dinero.
El nuevo impuesto del 12% busca equiparar la carga tributaria del juego en línea con la de los casinos físicos (que ya tenían un impuesto similar). La base imponible se determina considerando el ingreso neto de la plataforma, es decir, las apuestas menos los premios pagados y algunas deducciones como devoluciones por apuestas anuladas. Importante destacar que este impuesto recae sobre las empresas y no afecta las ganancias de los jugadores, quienes continúan recibiendo sus premios en forma íntegra. Originalmente, la legislación solo contemplaba gravar a empresas con domicilio en Perú; sin embargo, en mayo de 2023 el Congreso modificó la norma para incluir también a los operadores constituidos en el extranjero que ofrezcan servicios en el país.
El afán recaudatorio tras estos cambios es considerable. Estimaciones oficiales señalan que la medida permitirá ingresar alrededor de S/ 160 millones por año a las arcas públicas. Solo por la incorporación de las casas de apuesta extranjeras, la Sunat proyecta captar cerca de S/ 70 millones adicionales en 2025.
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