Malas noticias para Donald Trump: su administración enfrenta un GRAN DESAFÍO al implementar ESTA ley de Seguridad Social

El presidente Joe Biden firmó la Ley de Equidad en la Seguridad Social, que otorgará beneficios adicionales a 3 millones de personas en el país norteamericano que, de momento, no recibían prestaciones de seguridad social por trabajos en el sector público que no son financiados por esta red.

A pesar de las controversias entre expertos políticos de distintos signos, la ley fue aprobada con un fuerte apoyo bipartidista y se espera que cambie la vida de miles de pensionados. Pero aquí viene lo inesperado: Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, también respaldó la medida.

Sin embargo, la implementación de esta nueva ley podría ser más compleja de lo que parece, y la administración de Trump enfrentará serios desafíos debido a la acelerada aprobación legislativa y a la complicada gestión administrativa que implica ponerla en marcha. Más detalles al respecto en esta nota.

Aunque la Ley de Equidad en la Seguridad Social fue presentada por el representante Garret Graves en 2021, no fue sino hasta el otoño de 2023 cuando el proyecto ganó relevancia. Graves evitó el proceso legislativo tradicional y utilizó una estrategia polémica para llevar la ley a votación, lo que generó controversias dentro de su propio partido. A pesar de los intentos de bloquearla, la medida finalmente fue aprobada por el Senado en noviembre de 2023, pero no sin dejar interrogantes sobre su viabilidad.

El proceso apresurado de aprobación dejó pocos detalles sobre la implementación práctica de la legislación, lo que representa una preocupación importante para la Administración del Seguro Social (SSA). Con un presupuesto administrativo limitado y un personal que ha disminuido significativamente en los últimos años, la agencia se enfrenta a serias dificultades para aplicar la nueva estructura de beneficios de manera rápida y eficiente.

De hecho, SSA se encuentra en uno de los niveles de personal más bajos de los últimos 50 años, lo que pone en duda su capacidad para gestionar los pagos de los nuevos beneficios de forma fluida y correcta. Además, el presupuesto aprobado para la agencia no contemplaba los costos adicionales derivados de la implementación de esta ley.

Para superar estos obstáculos, SSA necesitará una estrategia de comunicación clara y eficaz. Será responsabilidad de la agencia educar al público sobre quiénes son los beneficiarios de la nueva ley, dado que muchos empleados públicos, tanto federales como estatales, podrían malinterpretar los cambios y creer que se les otorgan pagos adicionales. El problema se complica aún más porque algunos beneficiarios podrían no estar en los sistemas de SSA, ya que no habían solicitado antes beneficios de la seguridad social.

Una estrategia proactiva de comunicación será clave. SSA debería trabajar junto con organizaciones nacionales como AARP y otras que representen a jubilados y trabajadores gubernamentales, para orientar a los afectados sobre cómo deben proceder. A su vez, tiene que enfatizar que los ciudadanos deberán contactar a sus representantes si tienen preguntas o complicaciones sobre su situación.

Por otro lado, SSA deberá gestionar un número considerable de nuevas solicitudes para beneficios de sobrevivientes y cónyuges, lo que podría resultar en costos administrativos elevados debido a la falta de plataformas en línea y la necesidad de documentos legales complejos.

En este sentido, se espera que la Oficina de Presupuesto del Congreso evalúe los costos iniciales asociados con la ley y que se haga un ajuste en el presupuesto administrativo de SSA. Si el Congreso no actúa para aumentar el presupuesto de SSA, la agencia podría encontrarse en una situación en la que se ve obligada a priorizar algunos casos sobre otros, lo que afectaría negativamente la calidad del servicio para los beneficiarios.