Cuidado con NUEVAS REDADAS, inmigrantes: UNIVERSIDADES en un estado que prohíbe ciudades santuario se asociaron con ICE

La Universidad de Florida firmó un acuerdo con autoridades deI ICE bajo el programa 287(g). Así, se comprometió a colaborar en la aplicación de las leyes de inmigración. Es una de las varias universidades en el estado que participa en este programa.

Este acuerdo, firmado recientemente, tiene como objetivo permitir que las autoridades locales actúen como agentes de inmigración en el campus universitario, con el fin de identificar y deportar a individuos que se encuentren en el país sin estatus legal.

El acuerdo 287(g) permite que los oficiales universitarios, en colaboración con el ICE, interroguen a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente. También pueden ejecutar órdenes de arresto por violaciones de inmigración.

Un representante de la Universidad de Florida confirmó que al menos ocho estudiantes tuvieron sus visas revocadas. Aunque no se precisó quiénes serán los responsables de hacer cumplir la ley en el campus, el acuerdo amplía la facultad de los oficiales para abordar las infracciones migratorias dentro de las instituciones educativas.

"Podemos confirmar que firmamos el acuerdo 287(g)", declaró el portavoz de la Universidad de Florida a CBS News, enfatizando que esta medida es parte de un esfuerzo estatal más amplio impulsado por el gobernador Ron DeSantis.

La Universidad Atlántica de Florida en Boca Ratón y la Universidad del Sur de Florida en Tampa también se están alineando con el plan del gobernador DeSantis, delegando en sus respectivas policías universitarias la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Joshua Glanzer, portavoz de la FAU, explicó a The Associated Press que se espera que todas las universidades estatales de Florida adopten esta medida, siguiendo las directrices establecidas por la oficina del gobernador.

"Simplemente estamos siguiendo la orientación de la directiva del Gobernador del 19 de febrero a las agencias policiales estatales", dijo Glanzer a The Associated Press. Esta directiva permite a las autoridades universitarias colaborar más estrechamente con ICE, ampliando sus facultades para abordar la inmigración en el campus.

El acuerdo, que tiene implicaciones de largo alcance tanto para la política migratoria como para la libertad académica, sigue siendo un tema de debate en el estado. Se prevé que otros centros educativos estatales sigan el ejemplo de la Universidad de Florida, consolidando aún más el papel de las instituciones en la implementación de políticas de inmigración a nivel local.

Este enfoque ha generado diversas reacciones entre defensores de los derechos de los inmigrantes y miembros de la comunidad universitaria. Por un lado, los opositores argumentan que esta medida podría crear un clima de miedo e inseguridad entre los estudiantes, especialmente aquellos con estatus migratorio incierto, quienes temen ser detenidos o deportados mientras buscan educación superior en Estados Unidos.

Por otro lado, la implementación del programa 287(g) también ha sido vista como una respuesta a la presión política para endurecer las políticas migratorias, especialmente en un contexto en el que la administración de Trump ha mostrado su determinación de perseguir a inmigrantes indocumentados, incluso dentro de los campus universitarios.

En este sentido, un fallo judicial reciente en Luisiana permitió que el gobierno de Trump avanzara en su esfuerzo por deportar al activista Mahmoud Khalil, de la Universidad de Columbia, subrayando la creciente tensión entre el activismo en los campus y las políticas federales de inmigración.