Especialistas en derecho sostienen que Trump no tiene la facultad para anular la ciudadanía de los inmigrantes. ¿Cuál es la razón?
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa iniciativa de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento ha reavivado un intenso debate sobre la inmigración en Estados Unidos. Especialistas en Derecho advierten que cualquier intento de alterar este derecho fundamental mediante una orden ejecutiva podría ser calificado como inconstitucional. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas migratorias en el país y su impacto en los derechos de los ciudadanos nacidos en territorio estadounidense.
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En su plataforma Truth Social, el presidente electo anunció su intención de firmar una orden ejecutiva que impediría que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU. obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, la viabilidad de esta propuesta es cuestionada por especialistas en derecho constitucional.
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución de EE. UU., ratificada en 1868. Esta enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos".
Originalmente, esta disposición buscaba otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados y sus descendientes, y desde entonces, los tribunales han interpretado que casi todas las personas nacidas en el país, con algunas excepciones, son ciudadanos automáticos.
En su declaración "Agenda 47", Trump argumenta que la frase "sujetas a su jurisdicción" podría excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados. Según esta interpretación, el exmandatario cree que una orden ejecutiva podría limitar el derecho a la ciudadanía de estos niños. Sin embargo, esta no es la primera vez que plantea esta idea; durante su primer mandato, hizo declaraciones similares, aunque no llegó a emitir una orden ejecutiva.
Los expertos legales coinciden en que cualquier intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva sería inconstitucional. Modificar disposiciones constitucionales requiere una enmienda o una decisión histórica de la Corte Suprema.
Incluso si Trump decidiera emitir la orden, enfrentaría desafíos legales inmediatos, ya que los tribunales han defendido consistentemente la interpretación amplia de la Enmienda 14. Cualquier intento de restringirla podría resultar en años de litigio.