ICE se une a la ciudad de Dilley para reactivar el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, el cual albergaba a familias inmigrantes con menores.
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En una decisión que ha generado un intenso debate, el estado fronterizo de Texas reabrió un centro de detención privado destinado a albergar a familias inmigrantes, un establecimiento que había sido cerrado por la administración Biden en 2021.
Ubicado en el epicentro de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, este centro será administrado por una empresa privada, de modo que busca incrementar la capacidad de detención en un momento marcado por la continua llegada de migrantes.
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De acuerdo con Associated Press, la empresa de prisiones privadas CoreCivic ha firmado un acuerdo para reabrir un centro de detención de inmigrantes en Dilley, Texas, que previamente albergaba a familias con niños. Esta acción se da en un contexto de cambios y ajustes dentro de la política migratoria estadounidense.
El Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, que cuenta con 2.400 camas, fue gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y había estado cerrado desde 2024, tras la implementación de políticas por parte de la administración Biden que buscaban disminuir la detención de familias.
Sin embargo, con el nuevo contrato, se anticipa que el centro de detención reanudará su función bajo la gestión de CoreCivic, al menos hasta 2030.
Este centro, inaugurado en 2014 durante la presidencia de Barack Obama, fue diseñado para ofrecer un entorno adecuado para la detención de familias inmigrantes. No obstante, con la llegada de Biden al poder, la tendencia hacia la eliminación gradual de la detención familiar llevó a la suspensión de este tipo de instalaciones.
La reapertura de Dilley marca un cambio significativo, lo que genera dudas sobre quiénes serán detenidos y cómo se implementará esta nueva fase.
El contexto de la detención de inmigrantes en Estados Unidos ha cambiado considerablemente en los últimos años. Bajo la administración Trump, la detención de inmigrantes se amplió a instalaciones militares, incluidas bases como la Estación Naval de Guantánamo, con un enfoque en deportaciones masivas.
CoreCivic y GEO Group, empresas con una larga relación con ICE, defienden la detención privada como una opción más económica que el uso de bases militares, aunque esta estrategia ha sido objeto de críticas por las condiciones de detención y el trato a los inmigrantes.
La reapertura del centro en Dilley abre nuevos interrogantes sobre el futuro de la detención familiar en Estados Unidos. La falta de claridad por parte de ICE sobre los detalles de esta operación refleja la incertidumbre que aún rodea la política migratoria.
Con el contrato en vigor hasta 2030, CoreCivic desempeñará un papel crucial en la gestión de los centros de detención en el país, aunque el éxito de esta política dependerá de la respuesta tanto de las autoridades como de la sociedad civil frente a la detención de familias inmigrantes.
