Varias organizaciones alertaron sobre las recientes redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. AQUÍ los detalles.
Abel Orozco Ortega, de 47 años, fue detenido por agentes de inmigración el 26 de enero cuando regresaba a su hogar en los suburbios de Chicago, tras comprar tamales para su familia. Este suceso se llevó a cabo en un contexto más amplio, ya que en menos de una semana, Estados Unidos reportó la captura de 68 presuntos miembros del Tren de Aragua.
De acuerdo con una denuncia presentada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban en realidad buscando a su hijo, que comparte su nombre. Activistas y abogados calificaron este arresto, junto con otros 21 casos similares, como una violación de derechos humanos. En esta nota, todos los detalles.
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Un informe reciente de The Associated Press (AP) indica que las detenciones efectuadas durante las primeras semanas del segundo mandato del presidente Trump podrían haber violado un acuerdo firmado en 2022 entre organizaciones de Chicago y el gobierno federal.
Este convenio, que se originó tras una demanda relacionada con las redadas migratorias de 2018, establece de manera precisa las restricciones que deben seguir los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al realizar arrestos colaterales, es decir, la captura de individuos que no son el objetivo principal de la operación.
Un acuerdo firmado en 2022 entre los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin establece que los agentes del ICE solo pueden realizar arrestos sin una orden judicial si tienen pruebas de que la persona podría evadir la acción. Sin embargo, abogados del National Immigrant Justice Center (NIJC), que representan a los demandantes, sostienen que este protocolo no se ha respetado en los casos denunciados.
Las acciones legales incluyen la solicitud de liberación de dos individuos aún detenidos, así como la imposición de sanciones a los agentes involucrados y un llamado a mayor transparencia en las operaciones de ICE. La agencia federal, según informes de AP, ha declinado hacer comentarios sobre las acusaciones debido a que el caso se encuentra en proceso judicial.
El caso de Abel Orozco Ortega ha ocasionado un gran interés por las difíciles circunstancias que enfrenta su familia. Según sus allegados, Ortega no tiene antecedentes penales y su esposa, diagnosticada con cáncer de mama, ha tenido dificultades para cumplir con los pagos de la hipoteca desde su detención. Su hijo, Eduardo Ortega, ciudadano estadounidense, expresó en una conferencia de prensa: "Todos somos humanos, merecemos ser tratados como tal".
De los 22 arrestos reportados, uno de los detenidos ya fue deportado, 19 fueron liberados bajo fianza y uno, un ciudadano estadounidense, fue liberado tras permanecer esposado durante varias horas. Los abogados indican que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales, salvo uno que enfrenta un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.
