La iniciativa legislativa que busca vetar la aplicación del programa 287(g) de ICE ha generado un intercambio de opiniones entre los cuerpos policiales.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl 26 de marzo, aproximadamente una docena de alguaciles de diversas regiones de Estados Unidos se congregaron en Annapolis para expresar su oposición a un proyecto de ley que restringiría la colaboración local con las autoridades federales en temas de inmigración. Esta protesta refleja la creciente preocupación de los funcionarios locales acerca del impacto de la normativa propuesta.
Si se obtiene la aprobación, este proyecto de ley impediría la ejecución del programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maryland. Este programa otorga a los funcionarios de prisiones la facultad de identificar y retener a inmigrantes durante un máximo de dos días a petición del ICE. A continuación, te presentamos toda la información relevante sobre esta iniciativa y las contundentes acciones que ha tomado el estado santuario.
El programa 287(g) ha suscitado un acalorado debate en Maryland, donde el sheriff del condado de Frederick, Chuck Jenkins, defendió su implementación al señalar que "solo opera en la cárcel, no en la calle".
Jenkins enfatizó que su papel no consiste en tomar decisiones sobre detenciones o expulsiones, sino en facilitar el proceso correspondiente. Por otro lado, Mike Cronise, director del centro de detención del mismo condado, advirtió que una nueva legislación podría posicionar a Maryland como el estado santuario más progresista del país.
Los partidarios de la HB122 argumentan que esta normativa resguardaría los derechos constitucionales, mientras que sus detractores alertan sobre posibles amenazas a la seguridad pública. Jenkins criticó la iniciativa, sugiriendo que podría atraer a delincuentes de estados vecinos, quienes se sentirían exentos de las repercusiones de la deportación.
En una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, la delegada Nicole Williams, promotora del proyecto, manifestó que el programa 287(g) socava los principios de justicia y equidad en la comunidad.
Legisladores del partido republicano han manifestado su inquietud respecto a las propuestas de inmigración promovidas por el presidente Trump, advirtiendo que podrían poner en riesgo la financiación federal.
El senador William Folden cuestionó la dirección que está tomando Maryland, destacando un déficit de 3.300 millones de dólares y la reducción de empleados federales. "No estoy seguro de que ese sea el desafío que el estado de Maryland debería estar afrontando en este momento", expresó, haciendo referencia a la defensa de criminales que, según su opinión, afectan a las comunidades.
En la actualidad, varios condados de Maryland están evaluando la posibilidad de unirse al programa 287(g), aunque solo Cecil, Harford y Frederick son socios activos. Este último se distingue como el participante más antiguo a nivel nacional, habiendo procesado a más de 1.795 inmigrantes indocumentados desde 2008.