Esta ley que firmó en California Gavin Newsom NO AYUDARÁ a todos los inmigrantes: este grupo es excluido
Una de las leyes más relevantes asigna 25 millones de dólares al Departamento de Justicia del Estado para financiar litigios contra el gobierno federal.
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En medio de la creciente tensión entre el estado de California y la administración de Donald Trump, el gobernador Gavin Newsom adoptó acciones firmes para salvaguardar las políticas estatales. En febrero, firmó un paquete de leyes que destinan US$50 millones para proteger a los inmigrantes y enfrentar los desafíos legales derivados de las políticas federales. Esta iniciativa busca garantizar que California se mantenga resistente ante posibles deportaciones masivas y otros cambios en la legislación migratoria. Sin embargo, estos fondos no estarán disponibles para asistir a todos los inmigrantes.
¿Qué inmigrantes no se beneficiarán de la ley de Gavin Newsom en California?
En su mensaje de firma, Gavin Newsom dejó claro que los fondos no se utilizarán para asistir a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves que busquen evitar la deportación. Esta declaración suscitó un acalorado debate en las últimas audiencias del comité, particularmente entre los legisladores republicanos, quienes pusieron en tela de juicio tanto la eficacia como la moralidad de estas iniciativas.
¿Qué leyes firmó Gavin Newsom para proteger a los inmigrantes?
Una de las leyes más destacadas de esta serie destina:
- Destina 25 millones de dólares al Departamento de Justicia del estado, con el fin de financiar batallas legales contra el gobierno federal.
- Además, parte de estos fondos se destinará a organizaciones legales que brindan apoyo a inmigrantes que enfrentan la amenaza de deportación.
La intención de estas medidas es clara: asegurar que California pueda resistir los embates de las políticas federales que afectan a sus residentes más vulnerables.
Un historial de confrontaciones con la administración de Trump
El enfrentamiento entre California y la administración Trump no es un fenómeno reciente. Durante el primer mandato de Trump, el estado se opuso abiertamente a diversas políticas federales en áreas como el medio ambiente, los derechos de los inmigrantes y la gestión del agua. Como respuesta a estas políticas, California ha presentado o se ha unido a más de 100 acciones legales contra el gobierno federal, buscando proteger sus intereses y los de sus ciudadanos.
Con el inicio del segundo mandato de Trump, las tensiones volvieron a resurgir. Rob Bonta, el fiscal general de California, sumó al estado a varias demandas contra la administración, incluyendo litigios relacionados con la congelación de ayuda federal y los intentos del presidente de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Estas acciones reflejan la determinación de California de defender sus políticas y proteger a sus residentes frente a un gobierno federal que, según muchos, adoptó una postura hostil hacia los inmigrantes.