El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, anunció un proyecto en contra de inmigrantes en un intento por erradicarlos. Entérate más aquí.
A comienzos de mayo, la administración de Florida entregó a la gestión de Donald Trump un ambicioso proyecto de colaboración destinado a intensificar las acciones de deportación masiva. Este documento, denominado 'Plan de Operaciones de Control de Inmigración', consta de 37 páginas y especifica de qué manera el estado podría respaldar directamente las políticas migratorias del gobierno federal, asumiendo funciones que tradicionalmente corresponden a la administración central.
Según The Florida Courier, el proyecto incluye medidas como la construcción acelerada de centros de detención, el uso de abogados militares de la Guardia Nacional de Florida como jueces de inmigración, y la organización de vuelos de deportación mediante contratistas del estado.
También se plantea una estructura de mando operada por Florida que permitiría a sus agentes actuar sin esperar autorización federal, delegando la coordinación a la División de Gestión de Emergencias del estado. Según el gobernador Ron DeSantis, este plan es una solución completa y efectiva que actuaría como un “multiplicador de fuerza” en la lucha contra la inmigración irregular.
Durante una conferencia de prensa en Tampa, DeSantis aseguró que Florida ya lidera a nivel nacional en políticas migratorias y que este plan solo reafirma ese liderazgo. Resaltó que más de 1.800 agentes de la Patrulla de Carreteras están capacitados para colaborar en la aplicación de leyes migratorias, y defendió la legislación estatal que obliga a los gobiernos locales a cooperar con las autoridades federales.
El gobernador afirmó que esta normativa evita que haya "alcaldes liberales" que desobedezcan la ley migratoria, ya que podrían ser suspendidos de su cargo por incumplimiento del deber. Por otro lado, la representante demócrata Anna Eskamani criticó la propuesta, argumentando que la inmigración es una competencia federal y que este tipo de iniciativas afectan negativamente la economía y desvían recursos clave de la seguridad pública y los servicios esenciales.