Drástica ley de migración del gobernador de Florida generó fuerte polémica, iniciando un debate legal en el estado. En esta nota te comentamos más al respecto.
Los inmigrantes en Florida han recibido un rayo de esperanza ante el intenso debate legal que rodea la ley migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Abogados especializados en inmigración y expertos en derecho constitucional han planteado serias dudas sobre la legitimidad de las medidas implementadas por el estado. Este cuestionamiento podría resultar en la suspensión o incluso la anulación de algunas de las disposiciones más severas que se han adoptado en los últimos tiempos.
Las controversias legales se centran en la exclusividad del gobierno federal en materia de inmigración. La decisión de Florida de implementar acciones unilaterales para detener y trasladar a migrantes ha generado preocupación tanto en los tribunales como entre defensores de los derechos civiles. Esta situación se presenta como una oportunidad para contrarrestar políticas que, según sus detractores, impactan negativamente a familias trabajadoras y ponen en riesgo derechos fundamentales.
Ron DeSantis ha defendido su política migratoria con firmeza, asegurando que Florida lidera el país en la cooperación con las autoridades federales a través de los acuerdos 287(g). Según el gobernador, estos convenios permiten a las agencias estatales y locales participar activamente en la identificación y detención de inmigrantes en situación irregular.
“Más de la mitad de las agencias que tienen acuerdos 287(g) están en Florida”, afirmó DeSantis, destacando el rol protagonista del estado. También ha señalado que, frente a lo que considera una inacción del gobierno federal, los estados deben tener la capacidad de actuar por su cuenta. Asimismo, subrayó que la inmigración ilegal es un asunto civil, por lo que no requiere el mismo trato legal que un delito penal.
Según News Chanel 8, la ley migratoria impulsada por DeSantis otorga a la policía estatal, incluyendo a la Patrulla de Carreteras, nuevas facultades para colaborar con ICE y ejecutar arrestos relacionados con temas migratorios, sin necesidad de aprobación federal.
Esto representa un cambio radical en cómo se aplica la ley de inmigración a nivel estatal. No obstante, esta expansión del poder estatal ha sido cuestionada por expertos legales. Héctor Díaz, abogado de inmigración, advierte que estas prácticas pueden resultar en la detención y traslado de personas que no han cometido ningún delito.