El DHS solicitó un programa en California que presente documentos en el que se incluya el nombre, fecha de nacimiento y el estatus migratorio de solicitantes.
La comunidad inmigrante en California ha manifestado su inquietud tras el reciente anuncio de la administración de Trump, que involucra una investigación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta pesquisa se enfoca en el presunto uso inapropiado de ayudas federales por parte de extranjeros que no cumplen con los requisitos necesarios para acceder a los beneficios del Seguro Social.
El programa CAPI, financiado exclusivamente por el Estado de California, proporciona pagos mensuales en efectivo a inmigrantes mayores, ciegos o discapacitados que no califican para el SSI/SSP únicamente por su estatus migratorio.
Actualmente, más de 16.000 beneficiarios reciben hasta US$2.000 por persona o US$3.000 por pareja. En este contexto, el DHS está investigando si personas indocumentadas que no reúnen los requisitos para el SSI han recibido estos pagos de la Administración del Seguro Social desde enero de 2021 hasta la fecha, según informó el comunicado oficial.
Para cumplir con el propósito del DHS, la citación bajo el Título 8 emitida por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) requiere que el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (DPSS), encargado de administrar el programa estatal CAPI, proporcione ciertos registros. Entre los documentos que el DPSS debe entregar se encuentran:
El comunicado del DHS menciona un memorándum firmado el 15 de abril por el presidente Donald Trump, donde ordena a la directora del DHS, así como a los titulares del Departamento de Trabajo y de Servicios Sociales, entre otros, garantizar que los inmigrantes indocumentados no reciban fondos provenientes de la Administración de Seguridad Nacional.
Ante ello, la directora del DHS, Kristi Noem, comunicó: "La Administración Trump está colaborando para detectar el mal uso y la explotación de los beneficios públicos, asegurando que las personas que se encuentran ilegalmente en el país no reciban beneficios federales ni incentivos financieros para permanecer de manera ilegal".