Una comunidad en Estados Unidos atraviesa una crisis caracterizada por intensos operativos policiales, desalojos masivos y un ambiente de miedo generalizado.
Las recientes políticas migratorias implementadas en Puerto Rico han despertado inquietud dentro de la comunidad latina. Las medidas tomadas por las autoridades han provocado detenciones masivas, ocasionando una considerable disminución en la asistencia escolar y afectando de manera significativa la vida cotidiana de los residentes de la isla.
La ansiedad y la inseguridad se han apoderado de numerosas familias inmigrantes, quienes lidian con graves inquietudes respecto a su bienestar y su situación migratoria. En este contexto, surge la pregunta: ¿Cuál ha sido el sector más afectado por estas acciones? A continuación, te ofrecemos un análisis detallado sobre el tema.
La comunidad dominicana en San Juan, Puerto Rico, enfrenta un gran reto relevante. Barrio Obrero, una zona que solía vibrar con música y risas, ha caído en un estado de silencio y temor, esto como resultado de las redadas migratorias implementadas durante la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump.
A través de un reciente reportaje de El País se conoció que, el lugar lleno de vida que era antes dicho 'barrio', ahora se asemeja a un desierto. "Antes, a esta hora ya se oían las velloneras", expresó con tristeza la pastora Nilka Marrero.
Asimismo, se conoció que su iglesia ha tomado la iniciativa de convertirse en un centro de asistencia, distribuyendo alimentos a domicilio, dado que muchos residentes temen ir al supermercado por el riesgo de ser detenidos. "Esta es una ciudad sitiada", añadió la pastora, reflejando la angustia que se ha apoderado de la comunidad latina frente a estas órdenes.
Vale precisar que, desde enero de este año, Puerto Rico ha sido testigo de numerosas redadas migratorias, comenzando apenas seis días después de la asunción de Trump a su segundo mandato. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han detenido a 445 personas en la isla, de las cuales el 72% son de nacionalidad dominicana.
Aunque las autoridades aseguran que su objetivo principal son individuos con antecedentes criminales, el DHS reveló que solo el 16,6% de los arrestos estuvieron relacionados con delitos penales, mientras que la mayoría correspondió a infracciones administrativas. Estas acciones tienen consecuencias claras: comunidades enteras quedan atrapadas en un constante estado de temor.