El ICE ordenó deportar a inmigrantes indocumentados vinculados a robos para desarticular una red criminal sudamericana que operaba en varias ciudades.
De acuerdo con Fox News, la semana pasada las autoridades emitieron siete órdenes de arresto contra personas sospechosas de cometer robos en Tempe y Mesa, Arizona. Se cree que este grupo, que podría ser de Colombia, está relacionado con varios crímenes en Phoenix, por lo que se ha aumentado la seguridad en la zona.
La subsecretaria Tricia McLaughlin destacó la importancia de rendir cuentas a los delincuentes extranjeros ilegales, afirmando que "no permitiremos que los delincuentes extranjeros ilegales aterroricen a las comunidades estadounidenses". Este operativo se enmarca dentro de una estrategia más amplia para desmantelar organizaciones criminales que operan en varios estados del país.
La policía de Burbank, California, alertó a las autoridades de Scottsdale sobre la organización criminal SATG, que ha sido responsable de robos en varios estados, incluyendo California, Oregón y Washington. Esta colaboración interestatal ha sido crucial para rastrear y detener a los sospechosos, quienes se alojaban en un alquiler a corto plazo en Scottsdale.
Los sospechosos identificados son Nicolás Rojas León, Joan Sebastián Orozco Vargas, Andrés David Sánchez Novoa, Natalia Isabella Ortiz Daza, Martha Juliana Echiverri Guzmán, Lady Johanna Gueito y Angie Paola Hernández Manrique. Todos ellos enfrentan múltiples cargos penales y se encuentran bajo fianza de US$150.000 en efectivo en la cárcel del condado de Maricopa.
Los robos cometidos por este grupo generan preocupación en comunidades de Arizona y otros estados, especialmente en áreas acomodadas. La policía informa que los SATG son responsables de una serie de robos a la hora de cenar, lo que lleva a un llamado a la acción para reformar el programa de exención de visados, en un esfuerzo por prevenir futuros delitos.
La situación actual en Arizona refleja un problema más amplio relacionado con la delincuencia organizada y la inmigración ilegal. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar estas organizaciones y proteger a las comunidades de los efectos de la criminalidad. La colaboración entre diferentes cuerpos policiales es fundamental para abordar este desafío de manera efectiva.