ICE refuerza el compromiso del gobierno con las leyes laborales, enfocando sus sanciones en trabajadores indocumentados y en empleadores infractores.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) está aumentando sus acciones para evitar que se contrate a personas que no tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos.
La agencia ha advertido a empresas y contratistas sobre los riesgos legales de emplear a inmigrantes indocumentados, explicando que esta práctica es ilegal y genera competencia injusta, afectando a quienes cumplen con las reglas. Según el ICE, usar mano de obra no autorizada pone en desventaja a las empresas que operan de manera legal.
ICE publicó un comunicado para advertir a las empresas sobre lo crucial que es colaborar en la lucha contra la contratación ilegal. Para apoyar esto, se puso en marcha el programa 'Image', que tiene como objetivo fomentar prácticas laborales responsables y facilitar a las empresas la verificación clara y legal de que sus empleados están autorizados para trabajar.
Las consecuencias por no cumplir con estas reglas son bastante estrictas. Según la sección 274A del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA), las multas pueden variar entre US$627 y US$5.016 por cada trabajador no autorizado en la primera vez que se comete la infracción. Si la empresa reincide, las multas aumentan significativamente, llegando hasta US$25.076 por cada empleado ilegal en la tercera falta o más.
Además, si se establece un patrón sistemático de contratación de trabajadores ilegales, los empleadores podrían enfrentar cargos penales, incluyendo prisión de hasta seis meses por cada trabajador involucrado.
Sin embargo, la realidad en sectores como la agricultura y la construcción complica esta situación, ya que la demanda de mano de obra a menudo no se satisface con personal local.
Para ICE, esta campaña no es solo una acción legal, sino una cruzada por proteger la integridad del mercado laboral estadounidense. Las medidas adoptadas buscan disuadir a los empleadores de seguir alimentando redes de explotación laboral que afectan a inmigrantes vulnerables y desbalancean las condiciones de competencia en distintos sectores económicos.
ICE investiga delitos relacionados con inmigración, crímenes transnacionales y amenazas a la seguridad nacional.