Texas promulga una ley que exige a los sheriffs cooperar con ICE en operativos migratorios, lo cual pone en riesgo la seguridad migrante en Estados Unidos.
Un nuevo proyecto de ley ha suscitado inquietud entre la comunidad inmigrante, ya que sugiere que los sheriffs de Texas trabajen en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propuesta, denominada SB8, avanza en el Senado estatal y busca establecer directrices precisas para facilitar la colaboración entre las autoridades locales y los agentes migratorios en el país. Esta iniciativa ha generado un debate significativo sobre sus posibles implicaciones para los derechos de los inmigrantes en la región.
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Y es que, la falta de estas normativas, ha permitido que se lleven a cabo prácticas inconsistentes entre los condados y estados. Vale añadir que, de aprobarse esta legislación, empezaría de manera oficial el 1 de enero del 2026. En esta nota, todo lo que debes saber al respecto.
La propuesta de ley, impulsada por el legislador David Spiller de Jacksboro, introduce esta modificación con el objetivo de ampliar sus disposiciones a todos los condados del país que operen una cárcel, eliminando el controvertido requisito que limitaba la colaboración con ICE únicamente a las jurisdicciones con más de 100,000 habitantes.
Asimismo, Spiller señaló que la misión principal del proyecto es asegurar que los delincuentes más peligrosos sean expuestos y encontrar mejora en la seguridad fronteriza de Texas. Esta propuesta también brinda un programa estatal de subvenciones, que va directamente para los costos de implementación y los mecanismos de rendición de cuentas.
Es importante señalar que esta propuesta ha recibido una aprobación preliminar en la Cámara de Representantes con una votación de 89 a 50. Sin embargo, se hará oficial luego de la segunda votación.
La SB8 otorga al fiscal general la autoridad formal para emprender acciones legales contra los alguaciles que incumplan las disposiciones legales establecidas por las autoridades. Esta medida busca fortalecer la colaboración entre los estados, los gobiernos locales y el ICE.
Por otro lado, este proyecto de ley también ha recibido críticas, entre ellos, la de la coordinadora de Políticas Estatales del Fondo de Acción para la Defensa de los Trabajadores, quien tildó a este plan como "un desperdicio de millones de dólares".