La ley propuesta por Ron DeSantis busca garantizar la protección de los trabajadores de las fuerzas del orden en Florida, fortaleciendo su seguridad y bienestar.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha presentado una nueva propuesta que ha generado atención en el ámbito de la seguridad pública. La ley se centra en un sector fundamental para el funcionamiento del estado, cuyos miembros enfrentan desafíos constantemente.
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La propuesta de DeSantis contempla medidas adicionales para proteger a estos profesionales en su labor diaria, proporcionándoles un respaldo físico y legal frente a agresiones o demandas. Con esta ley, se pretende crear un entorno más seguro y justo para quienes arriesgan su vida para garantizar el orden y la seguridad pública en Florida.
La Ley HB751, impulsada en Florida por el gobernador Ron DeSantis, tiene como objetivo ofrecer una mayor protección a los miembros de las fuerzas del orden, incluidos policías, sheriffs y otros funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley.
En ese sentido, su propósito central es reforzar tanto la seguridad como las garantías legales para estos trabajadores, implementando diversas medidas que respaldan su labor y asegurando su protección frente a posibles agresiones o demandas, tanto en el ámbito físico como legal.
La HB751 implementa importantes disposiciones, como una mayor protección legal para los oficiales en caso de incidentes legales relacionados con su labor, así como sanciones más estrictas para quienes agredan o intenten agredir a un miembro de las fuerzas del orden.
Además, establece apoyo económico para los trabajadores de la seguridad pública que resulten heridos o sufran daños durante el desempeño de sus funciones, asegurando así su protección tanto en el plano físico como legal. Los empleadores están obligados a cubrir los gastos del seguro médico no solo para el oficial lesionado, sino también para su pareja e hijos dependientes.
En 2025, Ron DeSantis aprobó diversas leyes restrictivas hacia los inmigrantes en Florida, endureciendo las normas para la entrada de personas sin documentación y reduciendo su acceso a servicios públicos. Estas medidas refuerzan el monitoreo y control de la migración, aplicando multas a las empresas que empleen a personas sin permiso legal.