Una insólita propuesta para suspender la atención médica a inmigrantes indocumentados podría convertirse en realidad. En esta nota, todos los detalles.
Los inmigrantes indocumentados en California se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la posibilidad de perder su acceso a servicios de salud. La administración de Gavin Newsom está considerando la opción de limitar las nuevas inscripciones en su programa de salud pública, lo que impactaría de manera significativa a aquellos con escasos recursos y sin estatus legal. Esta decisión genera preocupación entre las comunidades afectadas, que dependen de estos servicios para su bienestar y atención médica.
Cabe mencionar que a pesar de que los inmigrantes que ya están inscritos conservarán su cobertura, tendrían que comenzar a pagar primas mensuales en el futuro, lo que podría dejar a muchos sin acceso por razones económicas. En esta nota te comentamos más de esta drástica medida.
Según ABC News, la propuesta, que será votada por los legisladores, busca limitar nuevas incorporaciones al programa estatal de salud Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal, como una iniciativa de reducir el déficit presupuestario de 12 mil millones de dólares.
Esta medida representa un giro importante frente a las políticas progresistas del estado. Bajo esta propuesta, se permitiría que las personas ya inscritas mantuvieran su cobertura, pero se introduciría una prima mensual reducida de $30, aplicable a adultos entre 19 y 59 años. También se permitiría reinscribirse en un periodo de seis meses si se pierde la cobertura por impago.
La congelación de inscripciones llega en un contexto de creciente tensión migratoria en el sur de California, donde protestas recientes contra las políticas migratorias de Donald Trump han generado fricciones entre autoridades locales y federales. Mientras tanto, estados como Illinois y Minnesota también enfrentan recortes similares en sus programas de salud para inmigrantes indocumentados.
A pesar del recorte, California continúa cubriendo a más de un tercio de su población con fondos públicos, incluyendo a más de 1.6 millones de personas sin estatus legal.