Instan a Gavin Newsom a realizar esta acción para evitar acciones mayores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California.
Frente al aumento de redadas de ICE en California, activistas migratorios están instando al gobernador Gavin Newsom a cerrar definitivamente las prisiones estatales desactivadas para evitar que el gobierno federal las reutilice como centros de detención.
Aunque estas instalaciones han sido cerradas desde 2021 como parte de una reforma penitenciaria que busca ahorrar cerca de 900 millones de dólares al año, muchas siguen en estado de "cierre provisional", lo que las deja vulnerables a ser aprovechadas por ICE. Más detalles al respecto en esta nota.
Según Vanguard, la administración federal, bajo una línea dura en materia migratoria, ha intensificado sus operaciones en California. ICE ha realizado redadas en lugares de trabajo y explora activamente la reapertura de prisiones cerradas para convertirlas en centros de detención.
Entre ellas está FCI Dublin, clausurada tras escándalos de abuso sexual, y el Centro Correccional de California City, que fue propuesto por GEO Group para reabrir como cárcel migratoria a finales de 2024. Siendo así, grupos como Californians United for a Responsible Budget (CURB) denuncian que mantener estas instalaciones parcialmente activas facilita su uso por ICE.
Por lo tanto, exigen su desmantelamiento completo y legalmente protegido, así como redirigir los fondos públicos a servicios como vivienda, salud y programas de reinserción social.
En estos momentos, California enfrenta una ola de redadas y acciones punitivas de ICE, a pesar de su estatus como estado santuario. Las comunidades inmigrantes —especialmente en ciudades como Los Ángeles— viven bajo presión, con arrestos, temor a la deportación y una creciente militarización de los espacios urbanos.
El conflicto entre el gobierno estatal y la administración federal se ha agudizado, ya que el uso potencial de prisiones vacías por parte de ICE amenaza con revertir los avances logrados en políticas de despenalización. Aunque el gobernador Newsom ha enfrentado legalmente al gobierno federal en varios frentes, organizaciones comunitarias lo llaman ahora a tomar medidas más drásticas para evitar que el sistema penitenciario estatal sea absorbido por la maquinaria de deportación.