Residentes piden a este aeropuerto de Míchigan a que cierre contrato con conocida aerolínea, la cual colabora con autoridades migratorias para deportaciones.
Inmigrantes y defensores de los derechos humanos han exigido a un aeropuerto de Míchigan que suspenda los vuelos de deportación, asegurando que estos vuelos afectan injustamente a miles de personas. Durante una reunión reciente, activistas señalaron que estas deportaciones violan el derecho a un proceso justo y afectan a muchas familias en la comunidad.
El aeropuerto, por su parte, respondió en una declaración oficial, explicando que está legalmente obligado a permitir a todas las aerolíneas usar sus instalaciones si cumplen con las normativas federales. Sin embargo, las protestas continúan, con muchos pidiendo que el aeropuerto tome una postura más activa en defensa de los inmigrantes indocumentados en la región.
Tras el acuerdo de la aerolínea de Avelo Airlines y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para apoyar en el proceso de deportaciones de inmigrantes indocumentados, un grupo de residentes del estado de Michigan salió al frente para solicitarle al Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford a que corte vínculos con esta aerolínea, debido a que no se considera que las personas deportadas de Arizona sean sometidas a un proceso justo.
Por su parte, el aeropuerto explicó que está legalmente obligado a permitir el uso de sus puertas a todas las aerolíneas que cumplan con las regulaciones federales. Argumentaron que restringir vuelos podría considerarse discriminación y afectar su financiación. Por el otro lado, los asistentes pidieron al aeropuerto que respalde a la comunidad inmigrante y defienda su derecho a un proceso justo.
Aunque Michigan no es un estado santuario formalmente, varias de sus ciudades y condados, como Detroit, adoptan políticas que restringen la cooperación con ICE. Estas áreas ofrecen protección a los inmigrantes indocumentados, sobre todo en lo que respecta a detenciones y deportaciones. No obstante, a nivel estatal no hay leyes que impidan la colaboración completa con las autoridades federales de inmigración.