Este es el grupo de inmigrantes que sería afectado si Donald Trump elimina las solicitudes de asilo en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas migratorias restrictivas que impactan especialmente a un grupo vulnerable: los inmigrantes que solicitan asilo tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Muchos de ellos escapan de contextos marcados por la violencia o la persecución, pero ahora se enfrentan a la posibilidad de ser deportados sin tener la oportunidad de presentar su caso ante un juez. En esta nota, analizamos el trasfondo de esta política y sus posibles consecuencias a futuro.

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¿Cuál es la situación migratoria actual de los solicitantes de asilo ilegales?

Según un informe federal de 2023, cerca de 250.000 personas que solicitaron asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reconocieron haber entrado al país de manera ilegal. Estos solicitantes forman parte del universo de aproximadamente 1.4 millones de casos pendientes en el sistema.

Tradicionalmente, cuando USCIS rechazaba una petición de asilo, el expediente era transferido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o a la Patrulla Fronteriza (CBP), encargados de ejecutar las deportaciones. Sin embargo, bajo las nuevas directrices de Donald Trump, USCIS ya tiene autoridad para ordenar deportaciones aceleradas sin intervención judicial, e incluso aplicar sanciones civiles o penales por violaciones migratorias.

Nuevas medidas migratorias implementadas por el gobierno de Estados Unidos

Como parte de una estrategia más amplia, el gobierno de Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley conocido como 'Big Beautiful Bill' que propone destinar 150.000 millones de dólares en cuatro años para financiar un programa de deportaciones masivas. Este plan contempla inversiones en infraestructura fronteriza, ampliación de centros de detención, contratación de 10.000 nuevos agentes de ICE y expansión del sistema judicial migratorio.

En la misma línea, se asignarían fondos específicos para cubrir gastos de transporte en deportaciones, la atención de menores migrantes no acompañados y el reembolso a los estados por aplicar leyes migratorias desde 2021. Sin embargo, críticos argumentan que el proyecto carece de transparencia y mecanismos de supervisión, y advierten que podría derivar en una aplicación excesiva de la ley migratoria, afectando los derechos de cientos de personas que buscan refugio en el país.