Para los inmigrantes latinos que viven en Estados Unidos sin documentos, escuchar hablar de ICE suele generar miedo e inquietud inmediata.
En Houston, Texas, muchas familias latinas viven con la preocupación constante por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Frente a esta amenaza, la comunidad inmigrante no ha reaccionado con miedo o aislamiento, sino construyendo redes de apoyo y solidaridad entre sus miembros.
Martina Grifaldo, directora de la ONG Alianza Latina Internacional, explicó a RFI cómo desarrollaron estrategias y mecanismos para protegerse y apoyarse mutuamente ante este tipo de situaciones.
En Houston, la comunidad latina busca maneras de protegerse frente a las redadas de ICE, que se han intensificado en los últimos tiempos. Alianza Latina Internacional, dirigida por Martina Grifaldo, mexicana con ciudadanía estadounidense, se ha convertido en un recurso clave, informando a los vecinos sobre la presencia de agentes en gasolineras, autopistas, complejos de apartamentos y paradas escolares.
A través de su página de Facebook, seguida por casi 200.000 personas, la organización alerta sobre los lugares donde se realizan operativos y ayuda a que las familias se reencuentren cuando alguien es detenido. Ante la falta de apoyo institucional, la comunidad aprende a protegerse mutuamente, demostrando que la solidaridad local funciona como su principal escudo frente a estas acciones.
En 2025, las detenciones de inmigrantes por parte de ICE crecieron de manera notable, alcanzando aproximadamente 30,000 personas solo en junio.
El aumento ha sido especialmente notable entre las personas sin antecedentes penales, con un incremento de más del 800 % respecto al mismo período del año anterior. La mayoría de estas detenciones se concentra en estados del sur, como Texas, Florida y California.
Los centros de detención de ICE enfrentan graves problemas: el hacinamiento es constante, las condiciones de higiene son deficientes, la atención médica es insuficiente y muchos detenidos tienen acceso limitado a asistencia legal. Este año, 20 migrantes han fallecido bajo custodia, la cifra más alta registrada desde la pandemia, lo que ha generado preocupación pública y ha motivado llamados a mejorar las condiciones.