La prórroga del Tribunal Supremo da un alivio a la administración Trump, pero no soluciona los problemas centrales del programa SNAP ni los de sus beneficiarios.
Con el cierre del gobierno federal aún en curso y una decisión crucial de la Corte Suprema pendiente, el futuro del programa de asistencia alimentaria SNAP sigue siendo incierto. Este apoyo, del que dependen cerca de 42 millones de personas, enfrenta un nuevo obstáculo tras la decisión del Tribunal Supremo de prorrogar la suspensión de la orden que obligaba a pagar la totalidad de los beneficios programados para este mes.
De acuerdo con NBC News, "la administración Trump argumentó que, debido al cierre del gobierno, solo podían utilizarse 5 mil millones de dólares de un fondo de contingencia para cubrir parcialmente los beneficios del programa SNAP correspondientes a noviembre".
La Corte Suprema decidió el martes prolongar la suspensión de una sentencia del juez federal John J. McConnell Jr., del Distrito de Rhode Island, que obligaba a la administración del presidente Donald Trump a financiar por completo el programa SNAP en noviembre.
Esta orden federal buscaba liberar cerca de 4.000 millones de dólares adicionales para el programa, pero la suspensión permite que, por ahora, el gobierno no deba desembolsar ese monto.
La orden de la Corte Suprema vence a la medianoche del jueves, momento en que regresará la incertidumbre. Mientras tanto, la administración argumenta que, si el cierre del gobierno concluye, la sentencia del juez perdería efecto, dado que un proyecto de ley bipartidista ya contempla financiar el programa SNAP hasta septiembre del próximo año.
La Corte Suprema otorgó más tiempo a Trump y aplazó el pago total de los cupones de alimentos.
Para aproximadamente 42 millones de personas que dependen del programa SNAP, el dilema es crítico. Debido al cierre del gobierno, la administración había recurrido a un fondo de contingencia de unos 5.000 millones de dólares para pagar parcialmente los beneficios de noviembre. Como resultado, mientras el cierre no se resuelva, el programa está financiado solo en alrededor del 65%.
El colapso en la financiación también llevó a que una coalición de ciudades, iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro advirtiera que la falta de fondos podría bloquear la asistencia alimentaria en las comunidades más vulnerables. Según NBC News, "tras una vorágine de mensajes contradictorios y batallas judiciales… los beneficios del programa SNAP siguen en el limbo".
La incertidumbre y los retrasos pueden obligar a los beneficiarios a reducir sus compras de comestibles, depender de bancos de alimentos o enfrentar otras dificultades.
El cierre del gobierno es la raíz del problema: sin un acuerdo de financiación, servicios esenciales como el programa SNAP quedan vulnerables. Tal como señala la presentación de la administración, "la única manera de poner fin a esta crisis, que el Ejecutivo está decidido a terminar, es que el Congreso reabra el gobierno".
El Senado ya aprobó un proyecto de ley bipartidista que reabriría el gobierno y financiaría por completo el programa SNAP hasta septiembre del próximo año. La Cámara de Representantes tiene previsto votar la medida el miércoles.
¿Qué pasará si se aprueba? El fallo que exige la financiación completa podría quedar sin efecto, ya que la nueva ley reemplazaría la urgencia judicial. Sin embargo, si la ley no se aprueba, la suspensión de la orden por parte de la Corte Suprema volverá a dejar al programa en una situación precaria cuando venza la prórroga el jueves.