La minería ilegal peruana se expande con apoyo de excombatientes extranjeros, oro sin control y regiones dominadas por redes criminales.
El avance de la minería ilegal en el Perú ha entrado en una fase crítica. Nuevas investigaciones revelan que grupos de excombatientes provenientes del extranjero se están incorporando a operaciones auríferas clandestinas, ofreciendo servicios de seguridad y dominio territorial a organizaciones criminales que manejan este negocio multimillonario.
Reportes recientes indican que en 2025 las exportaciones ilegales de oro ya superan a las formales. Mientras el Ministerio de Energía y Minas registra una producción oficial de 150 toneladas, los envíos al exterior superan las 450, una brecha que evidencia la magnitud de las redes ilícitas.
Exportaciones clandestinas de oro ya superan a las formales.
La ONU también ha encendido alarmas: el uso de mercenarios en actividades extractivas ilegales provoca inestabilidad, vulneración de derechos humanos y expansión del crimen transnacional. Excombatientes mayormente latinoamericanos que antes participaron en conflictos como Sudán, Yemen o Ucrania, ahora aparecen vinculados al tráfico de oro peruano.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) calcula que el oro ilegal movió US$ 12.000 millones en 2025, equivalente al 44% del total exportado en Sudamérica. Regiones como Madre de Dios, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca y Amazonas se han convertido en enclaves dominados por organizaciones criminales debido a la escasa presencia estatal.
Además, especialistas alertan sobre el funcionamiento de plantas procesadoras como Laytaruma, que operan por encima de los límites permitidos para la pequeña minería, facilitando así el blanqueo del mineral que ingresa luego a cadenas comerciales internacionales.
La minería ilegal no solo erosiona los ingresos fiscales del país, sino que provoca destrucción ambiental, violencia local y asentamiento permanente de redes criminales. La participación de excombatientes extranjeros añade un componente de riesgo adicional, al introducir entrenamiento militar y tácticas de control territorial.
Organismos multilaterales y especialistas coinciden en que el Perú necesita con urgencia:
Sin estas medidas, señalan, la infiltración de actores armados extranjeros seguirá profundizando la crisis en el sector aurífero y debilitando la seguridad nacional.