Atención, inmigrantes: Alcalde de IMPORTANTE CIUDAD se opondrá a deportaciones de Trump, aunque lo lleven a la cárcel

El alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, causó polémica con sus declaraciones. Expresó su rechazo a las deportaciones masivas prometidas por Donald Trump. Estas medidas entrarían en vigor en su segundo mandato, a partir de enero.

Este incidente ha desatado una ola de críticas por parte de los republicanos, quienes acusan a Johnston de intentar socavar la autoridad federal. Varios de ellos calificaron sus comentarios como un acto de "insurrección", argumentando que un líder local no tiene autoridad para desafiar las decisiones del gobierno federal en materia de inmigración.

En una entrevista reciente a EFE, el alcalde de Denver, Mike Johnston, aseguró que no le importaría enfrentarse a las consecuencias, incluso ir a prisión, por oponerse a las políticas migratorias de Estados Unidos, que considera injustas. Este desafío, que inicialmente parecía estar dirigido contra las políticas federales de inmigración de la administración de Donald Trump, fue matizado posteriormente por Johnston, quien intentó aclarar sus comentarios.

El alcalde dijo que "no tiene miedo" de ser encarcelado por su postura contra una acción "ilegal, inmoral y no estadounidense". "Si alguien es un criminal violento que comete delitos graves como asesinato o violación en Denver, esa persona debe ser procesada con todo el peso de la ley y debe ser deportada", agregó.

Tom Homan, futuro 'zar de la frontera' de Donald Trump, afirmó que interferir con un agente federal es un delito federal y se mostró dispuesto a encarcelar a Johnston si fuera necesario.

"La gente de Denver y aquellos específicamente en mi comunidad, madres, vecinos y recién llegados por igual, no queremos vivir en un mundo donde el Ejército estadounidense esté desplegado en nuestras ciudades para tocar puertas y llevarse a las personas de su elección. Eso no es Estados Unidos y ese no es el mundo en el que vivimos", se lamentó Andrea Ryall, directora ejecutiva de la organización.

La semana pasada, el Concejo de Los Ángeles aprobó por unanimidad una medida histórica que prohíbe el uso de recursos locales en actividades federales relacionadas con la inmigración, como parte de una creciente resistencia de ciudades y estados a las políticas federales contra las comunidades migrantes.

Los gobernadores de California, Arizona y Nuevo México, estados fronterizos con México, anunciaron que no participarán en las deportaciones masivas impulsadas por el gobierno federal, reafirmando su defensa de los derechos de los inmigrantes.

En Denver, se intensifica la crítica a la retórica antiinmigrante. Activistas como Ryall alertan sobre el daño de la xenofobia, especialmente tras las recientes elecciones, que han generado incertidumbre sobre las políticas del nuevo gobierno. Margaret Thompson, presidenta del Centro de Bienvenida de las Montañas Rocosas, subrayó que las políticas divisorias ponen en peligro la cohesión social y reiteró el compromiso de su organización de apoyar a las familias inmigrantes y refugiadas, promoviendo una comunidad inclusiva y equitativa.

Este movimiento de resistencia refleja el creciente apoyo a la inclusión y los derechos de los inmigrantes en diversas ciudades y estados.