GOLPE JUDICIAL a Trump: Jueza suspende orden sobre CIUDADANÍA por nacimiento

Un nuevo golpe para Donald Trump. Una jueza federal ordenó la suspensión de su polémica orden ejecutiva que buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular. La decisión ha desatado un intenso debate sobre la Decimocuarta Enmienda.

Este fallo marca un obstáculo clave para la agenda migratoria de Trump en EE. UU., quien ha insistido en restringir este derecho. Expertos señalan que la batalla legal apenas comienza y que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema. ¿Qué pasará ahora con esta medida? Aquí te contamos los detalles.

Según el portal 'La Voz de América', una jueza federal impuso este miércoles una segunda suspensión a nivel nacional contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que intentaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular en EE.UU.

La magistrada Deborah Boardman destacó que la ciudadanía es el "derecho más preciado" y subrayó que ningún tribunal ha respaldado la interpretación de la administración Trump sobre la Decimocuarta Enmienda, afirmando con firmeza: "Este tribunal no será el primero".

Boardman enfatizó que la ciudadanía es un derecho fundamental, garantizado explícitamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Además, destacó que se trata de un tema de interés nacional que requiere una política unificada, subrayando que solo una orden judicial de alcance nacional podrá brindar un alivio total a los demandantes.

Tras leer su fallo en el estrado, la jueza preguntó a un abogado del gobierno si planeaban apelar su decisión, pero este respondió que no tenía la autoridad para dar una respuesta inmediata.

La orden de Trump ya había sido suspendida temporalmente a nivel nacional debido a una demanda separada presentada por cuatro estados en Washington, donde un juez la calificó de “flagrantemente inconstitucional”. En total, 22 estados y varias organizaciones han interpuesto demandas para frenar la medida.

Boardman, designada por el expresidente Joe Biden, concedió la orden preliminar tras una audiencia en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland. La demanda fue presentada por grupos de defensa de los inmigrantes, como CASA y el Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo, junto con varias madres embarazadas.

El eje central de las demandas radica en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, en respuesta al fallo de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que dictaminó que Scott, un esclavo, no tenía derecho a la ciudadanía.

Los demandantes sostienen que la ciudadanía por nacimiento es un pilar fundamental de la democracia estadounidense, arraigado en el marco legal del país y clave en la construcción de un sentido de pertenencia nacional que ha perdurado a lo largo de generaciones.

El gobierno de Trump argumenta que los hijos de personas no ciudadanas no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía.

Según la administración, la Constitución no incluye una disposición que conceda automáticamente la ciudadanía a los hijos de quienes han evadido o desafiado abiertamente las leyes de inmigración del país, postura que presentó en respuesta a la demanda interpuesta en Maryland.

La Decimocuarta Enmienda fue incorporada tras la Guerra Civil con el propósito de garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y a los afroamericanos nacidos en libertad. Su texto establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos del país y del estado en el que residen".

Mientras 22 fiscales generales demócratas han emprendido acciones legales para frenar la orden, esta semana 18 fiscales generales republicanos anunciaron su intención de respaldarla, sumándose a una de las demandas federales presentadas en Nueva Hampshire.

Estados Unidos forma parte de aproximadamente 30 países que otorgan la ciudadanía por derecho de nacimiento, conocido como jus soli o "derecho del suelo". La mayoría de estos países se encuentran en América, incluidos Canadá y México.

En su primera semana como presidente, Trump firmó diez órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración, implementando decretos para cumplir sus promesas de deportaciones masivas y fortalecer la seguridad fronteriza.

Algunas de sus medidas tuvieron efectos inmediatos, mientras que otras están siendo objeto de disputas legales. Si se implementan, algunas órdenes podrían demorar años en ejecutarse, aunque ya han generado temor en las comunidades inmigrantes.

Finalmente, el destino de las iniciativas de Trump podría depender de la financiación. Se espera que el Congreso examine pronto el apoyo económico, y Trump podría recurrir a poderes de emergencia para acceder a fondos del Departamento de Defensa, como hizo con el muro fronterizo en su primer mandato.