Confirmado, inmigrantes: las nuevas multas que pagarán por cruzar la frontera y permanecer en Estados Unidos ilegalmente

Millones de inmigrantes irregulares enfrentan nuevas sanciones económicas impuestas por la administración de Donald Trump. La ley actualizada permite que las autoridades migratorias impongan multas de hasta $500 por ingresar ilegalmente al país, y de $1,000 diarios por permanecer en EE.UU. después de recibir una orden de salida.

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Además, aquellas familias inmigrantes que se comprometieron a salir voluntariamente, pero no lo hicieron, podrían recibir multas de hasta $10,000. En esta nota te comentamos más sobre esta drástica medida y qué críticas ha traído.

¿Por qué se tomó la decisión de multar a los inmigrantes?

Según la Casa Blanca, estas sanciones buscan reforzar la lucha contra la inmigración ilegal. Aunque cruzar la frontera sin autorización o quedarse más tiempo del permitido por una visa son faltas civiles, el gobierno insiste en que deben tener consecuencias.

Aunque las leyes federales ya permitían imponer este tipo de multas desde hace años, casi nunca se aplicaban porque el procedimiento era considerado lento y complejo. Con esta nueva norma, el proceso se agiliza: ahora el plazo para apelar se reduce de 30 a 15 días, y las notificaciones podrán enviarse por correo, dado que la ley exige que los no ciudadanos mantengan actualizada su dirección ante el gobierno.

Estas medidas forman parte del enfoque de campaña de Donald Trump centrado en una política migratoria estricta, que incluye detenciones, deportaciones visibles y hasta incentivos económicos de $1,000 para quienes decidan abandonar el país por voluntad propia.

¿Quiénes criticaron las nuevas multas contra inmigrantes en Estados Unidos?

Diversos críticos consideran que estas multas son desproporcionadas e impracticables, ya que muchos inmigrantes indocumentados trabajan en condiciones precarias y con bajos salarios, lo que dificulta el pago de estas sanciones. Algunos comparan la medida con "sacar sangre de una piedra".

Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, advirtió que muchas personas que recibieron órdenes de deportación podrían ni siquiera haber sabido que tenían una audiencia judicial pendiente, ya sea por falta de aviso del gobierno o porque eran menores de edad. También cuestionó la legalidad del nuevo reglamento, alegando que se omitió el proceso formal de consulta pública.