Trump en problemas: juez federal lo acusa por no restaurar medio de comunicado nacido en la Segunda Guerra Mundial

Muchas órdenes dictadas por el presidente de Estados Unidos se han venido abajo en los últimos meses. Varios tribunales están bloqueando los cambios y decisiones que busca implementar el jefe de Estado, generando conflicto e incertidumbre. Esta vez, la medida alcanzó al medio de comunicación fundado durante la Segunda Guerra Mundial: Voice of America.

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Juez exige respuestas a Donald Trump

El pasado miércoles 30 de julio, el juez federal del Distrito de Columbia, Royce Lamberth, acusó a la administración Trump de ignorar las órdenes emitidas. Se ordenó reactivar las operaciones de "Voice of America", que permanece cerrado desde marzo. Según los dictámenes judiciales, el gobierno nacional tiene hasta el 13 de agosto para presentar un plan que permita que el canal vuelva a funcionar.

El magistrado exige que se demuestre en qué se están utilizando los 206 millones de dólares que el Congreso destinó a las actividades de VOA en 2025. Kari Lake, la asesora designada por Donald Trump para dirigir las agencias de noticias estatales, afirmó en junio que el 85 % de los trabajadores del medio y sus jefes en la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAMG) se quedaron sin empleo.

Lamberth confirmó que existe un proceso para retirar los fondos ya establecidos. Explicó que el Parlamento debe votar sobre este asunto, pero aún no lo ha hecho. Además, reprendió al organismo estatal por ofrecer "respuestas evasivas" y omitir información clave, dictaminando: "Sin más explicaciones, el tribunal se ve obligado a concluir que los acusados simplemente intentan agotar el año fiscal, sin destinar el dinero asignado por el Congreso a los fines previstos por el Congreso".

El caso "Voz de América"

Voice of America es un medio internacional financiado por el gobierno de Estados Unidos para ofrecer información imparcial en distintas partes del mundo. Durante la administración de Donald Trump, la dirección del programa fue cuestionada por supuestos intentos de control editorial y recortes de fondos, lo que llevó al cierre parcial de sus operaciones. Un juez federal ordenó reactivar el servicio y garantizar el uso de los fondos aprobados por el Congreso, señalando que se violaron normas que protegen su independencia.