ESCÁNDALO en Tennessee: la Junta Escolar de Knox decidirá si rechaza el proyecto que exige verificar ESTATUS MIGRATORIO de estudiantes

La tensión crece en Tennessee mientras la Junta Escolar del Condado de Knox se prepara para decidir si se opone formalmente a un proyecto de ley estatal que obligaría a las escuelas públicas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes antes de permitir su matrícula. La votación, prevista para el 4 de diciembre, ha provocado un intenso debate político, legal y social en el estado.

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La medida apunta directamente a desafiar el fallo federal Plyler v. Doe de 1982, que ordena que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a una educación pública gratuita. Líderes comunitarios, organizaciones sociales y miembros de la junta advierten que el proyecto generaría riesgos legales, cargas administrativas y el peligro de dejar a miles de estudiantes fuera del sistema educativo.

Una propuesta que desafía el acceso universal a la educación

El proyecto de ley exige que todos los distritos escolares verifiquen si los estudiantes son ciudadanos estadounidenses o cuentan con la documentación migratoria adecuada antes de ser admitidos en un aula. En caso de no aprobar el control, las escuelas estarían obligadas a negarles la entrada o cobrarles matrícula, lo que pondría una barrera económica insuperable para muchas familias inmigrantes.

Durante la sesión de trabajo del 1 de diciembre, las miembros de la junta Katherine Bike y Anne Templeton impulsaron una medida para declarar que el distrito escolar rechaza oficialmente la iniciativa estatal. La propuesta revisada fue titulada "Educación gratuita para todos los niños", y afirma que la obligación de verificar estatus migratorio crearía "riesgos legales, mayores cargas administrativas y distracciones de la misión fundamental de enseñar".

Protestas, líderes religiosos y una comunidad movilizada

Horas antes de la reunión, más de 60 residentes participaron en una vigilia comunitaria organizada por grupos como la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition y organizaciones de defensa comunitaria. Líderes religiosos, docentes y estudiantes se pronunciaron públicamente contra la propuesta, advirtiendo que castigaría a niños "inocentes de familias trabajadoras que son nuestros vecinos".

En la reunión, 22 oradores expresaron su oposición al proyecto, instando a la junta a proteger el derecho a la educación sin importar el origen o estatus migratorio de los estudiantes. Para muchos residentes, esta votación se ha convertido en un símbolo del compromiso del condado con la inclusión, la equidad y la defensa de los derechos educativos fundamentales.