La expansión del programa en estados como Florida y Texas ha generado preocupaciones por abusos y discriminación, incluyendo arrestos sin orden judicial.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reactivado un programa que había estado suspendido durante más de una década. El programa Task Force otorga a las autoridades locales la facultad de actuar como agentes migratorios, permitiéndoles realizar operativos de detención en colaboración con el ICE. Esta estrategia ha desatado preocupaciones por su impacto en las comunidades inmigrantes, especialmente por las denuncias de abusos y discriminación que surgieron durante su implementación anterior.
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El programa Task Force se organiza en dos modelos: el Jail Enforcement Model (JEM) y el Warrant Service Officer (WSO). El primero permite a los oficiales locales ejecutar órdenes del ICE dentro de instalaciones carcelarias, mientras que el segundo otorga mayores competencias para actuar fuera de estas. Ambos modelos buscan fortalecer la cooperación entre las autoridades locales y federales, aunque los críticos señalan que estos programas a menudo son mal implementados y carecen de transparencia.
En 2025, estados como Florida, Kansas, Nevada y Texas se han sumado a la expansión de este programa. Estos estados ahora colaboran activamente con el ICE para reforzar el control migratorio, lo que refleja un aumento en las políticas de endurecimiento de la inmigración a nivel estatal y federal. Esta reactivación también trae consigo un nuevo nivel de intervención, donde los oficiales locales recibirán capacitación especial para realizar acciones más intrusivas, incluyendo la posibilidad de interrogar a individuos sobre su estatus migratorio.
Los defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación, argumentando que este tipo de programas alimentan la discriminación racial y crean un ambiente de temor en las comunidades inmigrantes. Las nuevas facultades de los oficiales locales incluyen arrestos sin orden judicial y la posibilidad de realizar detenciones en lugares no autorizados, lo que podría afectar a miles de personas indocumentadas que viven en el país.
Además, el programa ha sido criticado por su falta de supervisión, ya que el ICE y las autoridades locales pueden ejecutar acciones de detención sin la intervención de un juez. Esta falta de control judicial aumenta la posibilidad de abusos y errores que podrían afectar a personas que, aunque no tengan documentos, podrían estar en un proceso legal de regularización de su estatus.
La implementación de Task Force marca un cambio significativo en la política migratoria de EE.UU., con una clara intensificación de las medidas para deportar a los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, las reacciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos sugieren que este enfoque podría agravar aún más la polarización y la desconfianza hacia las autoridades en las comunidades afectadas.