La jueza del estado de California, Susan Illston, bloquea la estrategia de reducción masiva de agencias federales implementada por Donald Trump.
La jueza federal de California, Susan Illston, ha dado un fuerte golpe a la administración de Donald Trump al ordenar la suspensión temporal de su plan para reducir el personal de diversas agencias gubernamentales. Esta decisión responde a una demanda presentada por sindicatos y ciudades que impugnan la legalidad de los recortes masivos implementados por el presidente a través de una orden ejecutiva firmada en febrero.
Esta es una de varias batallas legales que enfrenta el presidente de Estados Unidos por sus intentos de achicar lo que considera un gobierno federal “excesivo y costoso”. En esta nota te comentamos más sobre esta medida.
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Según American Press, la jueza Illston argumentó que el presidente no puede reestructurar las agencias creadas por el Congreso sin contar con su aprobación, ya que así lo establece la Constitución. En su orden de restricción temporal, que tiene una vigencia inicial de 14 días, ordenó detener los despidos y reorganizaciones derivados de la orden ejecutiva, especialmente en los departamentos donde los recortes ya estaban en marcha.
Aunque no obliga a recontratar a quienes ya fueron despedidos, la medida impide a varias agencias —incluidas Agricultura, Energía, Estado, Seguridad Social y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)— avanzar en nuevas reducciones sin respaldo legislativo. Asimismo, citó ejemplos concretos del impacto negativo: desde miles de despidos en salud pública hasta retrasos en inspecciones agrícolas y demoras en el sistema de beneficios sociales.
Donald Trump ha defendido su plan como parte de su mandato para reformar el aparato estatal y reducir el tamaño del gobierno federal, al que acusa de ser burocrático, ineficiente y demasiado costoso. Designó a Elon Musk para encabezar esta reestructuración a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Desde la implementación de la orden ejecutiva, decenas de miles de empleados han sido despedidos, suspendidos o inducidos a renunciar mediante programas especiales.
Aunque el gobierno afirma que las medidas solo establecen principios y buscan fomentar la participación legislativa, los demandantes sostienen que las decisiones se están ejecutando sin diálogo ni aprobación formal. Según sus abogados, Trump y sus colaboradores están actuando fuera de sus atribuciones legales al aplicar recortes sin el debido proceso.
