Los refugios independientes en la frontera entre México y EE. UU., que han brindado apoyo a inmigrantes durante varios años, recibieron una sorpresa de FEMA.
Los refugios en la frontera, que ofrecen comida y hospedaje a inmigrantes antes de su traslado en autobús o avión, enfrentan dificultades actualmente. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) envió una carta manifestando inquietudes sobre posibles actos ilícitos y solicitó datos para iniciar una investigación.
Esta situación generó inquietud entre las organizaciones que administran estos refugios, pues temen que pueda afectar la continuidad de su trabajo y el apoyo que ofrecen a las personas que buscan empezar de nuevo.
FEMA dice que estos refugios podrían estar involucrados en delitos graves por ayudar con traslados de inmigrantes ilegales. Aunque advierten que dar ayuda podría violar leyes contra el tráfico de personas, el gobierno de Trump sigue enviando inmigrantes indocumentados a estos refugios.
La misiva de FEMA destaca la posibilidad de que las prácticas de los albergues se interpreten como un intento de facilitar la entrada ilegal de inmigrantes o su transporte dentro de Estados Unidos. Sin embargo, ICE solicitó a los refugios que continúen proporcionando alojamiento temporal y otros servicios humanitarios, lo que genera confusión para estas organizaciones.
Por un lado, deben cumplir con las necesidades de los inmigrantes y, por otro, enfrentan la amenaza de repercusiones legales si se determina que están violando las leyes contra el tráfico de personas.
La carta, enviada el 11 de marzo, ha sido considerada alarmante por los directores de los albergues, quienes ahora enfrentan la presión de cumplir con las solicitudes de FEMA y, al mismo tiempo, con las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La situación se complica aún más con la necesidad de proporcionar información detallada sobre sus operaciones y actividades relacionadas con los inmigrantes.
Pese a las recientes tensiones, los albergues fronterizos han mantenido una relación cordial con las autoridades federales, especialmente con FEMA, que en 2024 asignó 641 millones de dólares a gobiernos y organizaciones para atender el aumento migratorio. No obstante, la suspensión temporal de pagos durante la revisión de servicios ha dificultado esa relación.
Las organizaciones ahora deben proporcionar listas detalladas de los servicios que ofrecen y firmar declaraciones juradas que aseguren que no tienen conocimiento de violaciones a las leyes contra el contrabando de personas. Esta exigencia genera preocupación y confusión entre los albergues, que se ven forzados a navegar en un entorno legal incierto mientras intentan cumplir con su misión humanitaria.
Las organizaciones sin fines de lucro y religiosas cumplen un rol esencial en la asistencia humanitaria a inmigrantes en EE. UU., especialmente al ser liberados de custodia o mientras esperan resolver su estatus migratorio. Sus albergues previenen que queden en situación de calle, ofreciendo:
Estos servicios dependen de fondos públicos, donaciones y voluntarios, aunque en años recientes muchos albergues han cerrado por recortes presupuestarios.