Los refugios no gubernamentales en la frontera México-EE. UU., que apoyan a inmigrantes desde hace años, recibieron una inesperada noticia de FEMA.
Los refugios situados en la frontera, que ofrecen alimentación y alojamiento a inmigrantes antes de su traslado en bus o avión, atraviesan momentos críticos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha emitido una carta en la que manifiesta preocupaciones sobre posibles actividades ilegales y solicita información para iniciar una investigación. Esta situación ha suscitado inquietud entre las organizaciones que gestionan estos lugares, que temen por la continuidad de sus operaciones y la atención que proporcionan a quienes buscan un nuevo comienzo en sus vidas.
FEMA dice que estos refugios podrían estar involucrados en delitos graves por ayudar con traslados de inmigrantes ilegales. Aunque advierten que dar ayuda podría violar leyes contra el tráfico de personas, el gobierno de Trump sigue enviando inmigrantes indocumentados a estos refugios.
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La misiva de FEMA destaca la posibilidad de que las prácticas de los albergues se interpreten como un intento de facilitar la entrada ilegal de inmigrantes o su transporte dentro de Estados Unidos. Sin embargo, ICE solicitó a los refugios que continúen proporcionando alojamiento temporal y otros servicios humanitarios, lo que crea un dilema para estas organizaciones.
Por un lado, deben cumplir con las necesidades de los inmigrantes y, por otro, enfrentan la amenaza de repercusiones legales si se determina que están violando las leyes contra el tráfico de personas.
La carta, enviada el 11 de marzo, ha sido considerada alarmante por los directores de los albergues, quienes ahora enfrentan la presión de cumplir con las solicitudes de FEMA y, al mismo tiempo, con las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La situación se complica aún más con la necesidad de proporcionar información detallada sobre sus operaciones y actividades relacionadas con los inmigrantes.
Pese a las recientes tensiones, los albergues fronterizos han conservado una relación cordial con las autoridades federales, especialmente con FEMA, que en 2024 asignó 641 millones de dólares a gobiernos y organizaciones para atender el aumento migratorio. No obstante, la suspensión temporal de pagos durante la revisión de servicios ha dificultado esa relación.
Las organizaciones ahora deben proporcionar listas detalladas de los servicios que ofrecen y firmar declaraciones juradas que aseguren que no tienen conocimiento de violaciones a las leyes contra el contrabando de personas. Esta exigencia genera preocupación y confusión entre los albergues, que se ven obligados a navegar en un entorno legal incierto mientras intentan cumplir con su misión humanitaria.
Las organizaciones sin fines de lucro y religiosas cumplen un rol clave en la asistencia humanitaria a inmigrantes en EE. UU., especialmente al ser liberados de custodia o mientras esperan resolver su estatus migratorio. Sus albergues previenen que queden en situación de calle, ofreciendo:
Estos servicios dependen de fondos públicos, donaciones y voluntarios, aunque en años recientes muchos albergues han cerrado por recortes presupuestarios.