En medio de un contexto de incertidumbre para los extranjeros, estos son los nuevos objetivos de la represión migratoria en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su estrategia migratoria al exponer públicamente una lista de ciudades, condados y estados identificados como "jurisdicciones santuario", las cuales, según su administración, impiden la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Si bien, la lista fue retirada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la secretaria Kristi Noem comentó que lo sucedido por estos lugares es un error y deben cumplir con las leyes federales. Siendo así, las medidas de las administración forman parte de una ofensiva contra comunidades que protegen a inmigrantes indocumentados, a quienes Trump y sus aliados acusan de “poner en riesgo la seguridad pública” al negarse a colaborar plenamente con ICE.
Según The Economic Times, en su campaña presidencial, Trump había prometido ejecutar “la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”. Esta política incluye redadas masivas, expansión de centros de detención, y el despliegue de fuerzas como la Guardia Nacional para intensificar las expulsiones de inmigrantes indocumentados.
Como consecuencia, el DHS, liderado por Noem, emitió notificaciones a los gobiernos señalados en la lista, instándolos a modificar de inmediato sus políticas para alinearse con la agenda de inmigración de Trump. Además, se ha planteado la posibilidad de cortar el financiamiento federal a las jurisdicciones que se nieguen a colaborar. La exposición pública y la presión política son ahora herramientas clave en esta campaña de endurecimiento migratorio.
La respuesta desde los estados demócratas no se ha hecho esperar. Gobernadores como Jared Polis, de Colorado, han dejado claro que los agentes del orden locales no serán presionados a hacer cumplir las leyes migratorias. Polis subrayó que su deber es cooperar en investigaciones penales, pero que las redadas migratorias son competencia del gobierno federal: “No podemos apartar a nuestras fuerzas del orden de la lucha contra la delincuencia para que actúen como agentes de inmigración”.
También ciudades como San Diego, Nueva York y Chicago han cuestionado su inclusión en la lista, argumentando que nunca han adoptado formalmente políticas de “santuario”. Líderes locales denunciaron que esta estrategia solo busca intimidar a los gobiernos progresistas y condicionar la entrega de recursos federales esenciales.
Grupos defensores de los derechos humanos advirtieron que los dictámenes del presidente pone en peligro a los inmigrante, fomenta el miedo y deteriora la confianza entre las comunidades y la policía. Subrayan que, lejos de proteger al país, estas políticas generan más división y vulnerabilidad.