La intervención de agentes federales ha suscitado protestas y disturbios, lo que lleva a acusaciones de uso excesivo de la fuerza y ha provocado movilización.
Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles han causado preocupación en las comunidades inmigrantes, tras la confirmación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sobre la detención de 118 personas en la última semana. Solo el viernes, fueron arrestados 44 sujetos, entre ellos trabajadores, personas con antecedentes y presuntos vínculos con el crimen organizado.
La presencia masiva de agentes federales ha provocado protestas, detenciones de activistas y caos en varios vecindarios, intensificando la sensación de persecución en las calles de la ciudad. En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con esta situación.
Según Los Ángeles Times, las redadas se realizaron en diversos puntos del condado, incluyendo negocios en el Distrito de la Moda, tiendas Home Depot, y escuelas en zonas como Koreatown. La operación fue acompañada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, uso de granadas aturdidoras, gas pimienta y vehículos blindados.
En respuesta a los disturbios, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional, una medida calificada como “provocadora” por el gobernador Gavin Newsom. Por su parte, la alcaldesa Karen Bass denunció que estas tácticas “siembran terror” y rompen con los valores de una ciudad construida por inmigrantes.
A su vez, el Congreso y concejales locales han exigido investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, mientras denuncian la criminalización de quienes simplemente trabajan y viven en la ciudad.
Ante la crisis, organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos civiles están movilizándose para brindar asistencia legal, documentar abusos y exigir acceso a los centros de detención, donde se reporta hacinamiento, falta de medicamentos y condiciones indignas.
Activistas de CHIRLA, ACLU y líderes como Angélica Salas han asegurado que seguirán luchando para frenar las deportaciones masivas y proteger a las familias. Además, representantes del Congreso como Jimmy Gómez y Luz Rivas intentaron inspeccionar las instalaciones, pero fueron bloqueados por agentes federales, en una acción que calificaron como ilegal.
Mientras tanto, crecen las denuncias por una posible colaboración entre la policía local y agentes de ICE, contradiciendo el estatus de Los Ángeles como ciudad santuario. Funcionarios como Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en la ciudad, confirmaron que al menos 11 mexicanos figuran entre los detenidos y ya se les ofrece apoyo consular.