Además de que te nieguen la residencia, podrías perder tu visa y hasta enfrentarte a la deportación, dependiendo de lo grave que sea la infracción.
Desde abril de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha empezado a revisar el contenido antisemita en redes sociales como parte del proceso para evaluar solicitudes de residencia permanente (Green Card). Esta medida se implementa en cumplimiento de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, con el objetivo de combatir el antisemitismo y reforzar la seguridad nacional.
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En este contexto, el USCIS informa que apoyar o promover el antisemitismo, ya sea en redes sociales o mediante acoso físico a personas judías, se considera un factor negativo al evaluar solicitudes migratorias. Esta política aplica a quienes buscan la residencia permanente, visas estudiantiles o están vinculados a instituciones educativas señaladas por actividades antisemitas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha adoptado la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que describe el antisemitismo como "una cierta percepción de los judíos que puede manifestarse como odio hacia ellos".
Con esta medida, el USCIS llevará a cabo una revisión exhaustiva de las redes sociales de los solicitantes, buscando publicaciones que puedan interpretarse como promoción o apoyo al antisemitismo.
La subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, enfatiza que Estados Unidos no está obligado a admitir a quienes simpatizan con ideologías terroristas. Aquellos que intenten utilizar la libertad de expresión como defensa para actividades antisemitas no son bienvenidos en el país.
Esta política genera críticas de expertos en inmigración y defensores de derechos de personas indocumentadas, quienes advierten sobre el impacto en la libertad de expresión y el efecto inhibidor que podría tener en el debate político.
Tyler Coward, abogado principal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, ha manifestado que esta práctica podría ser vista como un castigo a la expresión de opiniones políticas.
Por su parte, Stephen Yale-Loehr, abogado de inmigración y exprofesor de la Universidad de Cornell, ha indicado que la discrecionalidad en la negación de solicitudes puede complicar las apelaciones, ya que revertir estas decisiones implica procesos legales extensos y costosos.