El gobernador de Florida bloqueó tres normas que impactarían a distintos sectores del estado. Su decisión obliga a que dichas propuestas sean reconsideradas.
Desde julio, entraron en vigencia diversas leyes en Florida, aprobadas por el gobernador Ron DeSantis con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el estado y reestructurar distintos sectores. Sin embargo, tres normativas fueron bloqueadas y no entrarán en vigor. Estas medidas estaban enfocadas en el ámbito educativo, la implementación de un programa de tratamiento para adicciones y modificaciones en la entidad encargada de regular los recursos naturales.
La normativa HB 1445 fue una de las leyes vetadas por el gobernador. Esta propuesta buscaba exigir que los miembros del Consejo de Gobernaciones y de las juntas directivas de universidades públicas fueran residentes de Florida o egresados de instituciones públicas de educación superior del estado. DeSantis justificó su veto citando antecedentes jurisprudenciales que consideran inconstitucional imponer requisitos adicionales no contemplados originalmente en la Constitución estatal.
El proyecto HB 1095 planteaba la creación de un plan piloto en el condado de Hillsborough, orientado a personas bajo libertad condicional, con condiciones como la abstinencia de alcohol y drogas. También proponía brindar alternativas de atención y monitoreo para este grupo específico. Sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a la falta de recursos asignados. El gobernador argumentó que la puesta en marcha de este tipo de iniciativas requiere una financiación clara y garantizada.
El dictamen HB 1133 proponía una reforma en la gobernanza y operaciones de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, con el objetivo específico de restringir el ingreso del personal a propiedades privadas destinadas a la caza, salvo que existiera una causa probable. Ante esta propuesta, el mandatario de Florida consideró que se requería un enfoque más integral para proteger los derechos de propiedad. En ese sentido, declaró: "La legislatura debería, en cambio, promulgar leyes que otorguen claramente a los ciudadanos estas protecciones, como se hizo con la Ley de Libertad para Navegantes (Capítulo 2025-35, Leyes de Florida)".
Estas decisiones trazan una guía concreta para futuras propuestas legislativas en las áreas afectadas. En el ámbito educativo, cualquier iniciativa deberá respetar los criterios legales vigentes, sin imponer requisitos adicionales no contemplados por la ley. En cuanto a los programas sociales experimentales, será necesario articularlos previamente con el proceso presupuestario para asegurar su viabilidad financiera. Por otro lado, en materia de pesca y vida silvestre, se sugiere que los proyectos se centren en atender de forma integral las preocupaciones sobre los derechos de propiedad, en lugar de aplicar medidas aisladas que no aborden el problema de fondo.