Tras la drástica decisión con el programa TPS, miles de inmigrantes hondureños y nicaragüenses se han visto perjudicados en Estados Unidos. ¿Serían expulsados?
Desde hace tiempo, un grupo de hondureños y nicaragüenses ha decidido emigrar hacia EE. UU., amparándose en el Estatus de Protección Temporal (TPS). Este programa permitía a estos ciudadanos, que han sufrido desastres naturales o conflictos armados, residir y laborar de manera temporal en el territorio estadounidense. No obstante, tras anunciarse la suspensión de este apoyo, muchos se preocupan por su actual situación en el país. ¿Serán deportados en unos meses?
El pasado 7 de julio, el Gobierno estadounidense cumplió su promesa de restringir la inmigración irregular al anunciar la cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses. Esta radical medida afecta a aproximadamente 76.000 beneficiarios, quienes ahora cuentan con un plazo de 60 días para regularizar su situación migratoria o abandonar EE. UU.
Por su parte, Yanira Arias, coordinadora de la iniciativa de Justicia Migrante de Alianza Américas, no dudó en calificar la decisión como "muy cruel", resaltando que muchas de estas personas han vivido en la nación de Trump durante 25 años, formando comunidades y estableciendo lazos familiares con ciudadanos estadounidenses y que, ahora, se verán obligados a retornar a sus países natales.
"Es probable que estas familias enfrenten separaciones, obligando a abuelos y abuelas con TPS a regresar a países que no han pisado en más de dos décadas", señaló Arias, quien también es beneficiaria del TPS. Asimismo, aprovechó la oportunidad para cuestionar el retraso de 62 días en el anuncio de la cancelación, que debió llevarse a cabo el 5 de mayo, lo que generó indignación entre los afectados.
"La suspensión del TPS a estas dos nacionalidades es consistente con la agenda del presidente Trump de eliminar en la medida de lo posible las estadías temporales. De las cerca de 900.000 personas bajo el TPS, quedan pocos países protegidos por esa vía", señaló a la prensa el politólogo Manuel Orozco, quien cumple el rol de director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
"El retorno a Nicaragua significa un trastorno sicosocial, así como un riesgo, ya que Nicaragua es un Estado policial en donde la democracia se criminalizó negando derechos civiles y políticos a sus ciudadanos", acotó el nicaragüense.