Una orden judicial determinó que las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en California deben cesar.
En la ciudad de Los Ángeles se han reportado distintos operativos y redadas orquestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de detectar y arrestar a inmigrantes que no cuenten con el permiso legal para residir en Estados Unidos. El gobernador local, junto a diversas autoridades y figuras públicas, se ha mostrado en contra de estas estrategias. Ante ello, un juez exigió a Donald Trump que detenga estas políticas mientras no exista una prueba contundente.
La magistrada federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del distrito, fue designada durante el mandato de Joe Biden. En su actual cargo, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) debe organizar un plan y una guía para que los agentes migratorios puedan determinar una sospecha concreta, dejando en segundo plano el origen o la raza aparente de la persona.
El pasado viernes 11 de julio se produjo este fallo luego de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California presentara una demanda contra la administración del presidente estadounidense. Alegaron que esta jurisdicción, que supervisa a ICE, ha llevado a cabo diversos arrestos de forma inconstitucional y no permitió que los detenidos accedieran a una defensa.
Este fallo se limitará a la jurisdicción de siete condados que pertenecen al Distrito Central de California, incluido Los Ángeles y sus alrededores. Frimpong dijo que la audiencia debe decidir si los demandantes pueden probar que el gobierno "efectivamente está realizando patrullajes itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados".
Antes de la audiencia, la jueza se mostró escéptica frente a las explicaciones brindadas por el Estado norteamericano. La administración declaró que los agentes de seguridad realizan las investigaciones basándose en información de inteligencia, no en etnia o raza. Ante esto, Frimpong exigió pruebas de estas estrategias en lugar de guiarse por las zonas donde se presume que se concentran los indocumentados.
Por un lado, grupos de defensa de los derechos de muchos residentes indocumentados expresaron su preocupación debido a que en la prisión B-18 no tienen acceso adecuado a un abogado. Además, denunciaron situaciones inhumanas en las que se encuentran estas personas, sin camas, duchas ni instalaciones médicas.
Por otra parte, la portavoz del DHS, Tricia McLauchlin, condenó este fallo mediante una declaración. Allí afirmó: "Un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense", ya que, desde que Donald Trump volvió a asumir el mando, ha tomado medidas muy radicales para acabar con la inmigración.