Una nueva disposición del plan de gastos de EE. UU. busca prohibir productos con más de 0,4 mg de THC, poniendo en riesgo a miles de empresas del cáñamo.
La industria del cáñamo vuelve a estar bajo presión luego de que un proyecto clave del Congreso incorporara una disposición que podría sacar del mercado cualquier producto que supere los 0,4 mg de THC por envase. La medida, analizada durante noviembre de 2025, encendió alarmas entre fabricantes, comercios y consumidores que dependen del negocio del cáñamo legal.
El límite de 0,4 mg de THC amenaza a miles de productores de cáñamo.
El límite propuesto aparece dentro del Further Consolidated Appropriations Act, 2025, documento que fija parte del presupuesto federal. Legisladores y autoridades sostienen que el objetivo es frenar la ola de gomitas, bebidas, tópicos y vaporizadores con derivados psicoactivos que hoy se venden en gasolineras, minimarkets y tiendas naturistas gracias a vacíos regulatorios heredados de la Ley Agrícola de 2018.
Empresas del sector aseguran que la disposición pondría en riesgo miles de empleos y afectaría a una industria que se expandió rápidamente desde la legalización del cáñamo.
El texto debatido en el Congreso prohíbe fabricar, distribuir o vender cualquier artículo con más de 0,4 mg de THC por envase, una cifra que dejaría fuera a la mayoría de los productos actuales. La regla aplicaría a comestibles, bebidas, cremas, suplementos y dispositivos de vaporización.
Defensores de la medida argumentan que se necesita una norma nacional clara ante el uso creciente de cannabinoides sintéticos y productos sin control sanitario.
Más de veinte fiscales generales pidieron al Congreso intervenir de forma urgente y establecer un marco que impida el acceso libre de menores a productos con efecto psicoactivo. Legisladores como el senador Mitch McConnell respaldan un tope estricto, afirmando que la industria “se desvió” del propósito original del cáñamo industrial.
En paralelo, asociaciones comerciales advierten que más del 90% de los productos actuales quedarían prohibidos, dejando a fabricantes y agricultores sin alternativas de reconversión. Líderes del sector señalan que la propuesta podría “desmantelar” una industria valorada en miles de millones de dólares.
Si la disposición avanza, quedarían en riesgo:
La restricción afectaría tanto al comercio minorista como a distribuidores y laboratorios de procesamiento.
La disposición aún forma parte de las negociaciones del paquete presupuestario y no está vigente. Para convertirse en ley necesita:
Aunque ya intentaron eliminar la cláusula en el Senado, la mayoría la mantuvo. Organizaciones industriales presionan para introducir excepciones o umbrales diferenciados antes de la votación final. Si la norma se aprueba, los fabricantes tendrían un periodo de transición para reformular sus productos o retirarlos. Agencias como la FDA y la DEA tendrían que emitir lineamientos adicionales sobre controles, sanciones y plazos de adecuación.
Los consumidores, por su parte, deberán verificar el etiquetado para evitar adquirir mercancía fuera del nuevo estándar federal.