EE.UU. y Ecuador avanzan en un acuerdo para transferir a migrantes de terceros países, centrado en casos sin antecedentes y bajo estrictas normas internacionales.
Estados Unidos publicó un nuevo acuerdo bilateral con Ecuador que regula la transferencia de nacionales de terceros países, un mecanismo destinado a gestionar casos de personas que solicitan protección internacional. El documento incluye el intercambio de notas diplomáticas realizadas entre el 16 y el 23 de julio de 2025 y define los criterios, obligaciones y límites de ambas partes.
Según el texto divulgado por el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo es garantizar un proceso de traslado digno, seguro y oportuno, siempre dentro del marco de los tratados internacionales aplicables a solicitudes de asilo, refugio o protección temporal.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que recién tomó conocimiento de la publicación oficial y que el Gobierno ecuatoriano revisará detalladamente el contenido antes de emitir una posición formal. Según adelantó, el acuerdo contempla la recepción únicamente de personas sin antecedentes criminales y en coordinación con la Policía Nacional, que verificará los perfiles de quienes sean propuestos para la transferencia.
Ecuador llega a un acuerdo con EE. UU. para recibir inmigrantes deportados sin antecedentes.
Autoridades ecuatorianas han insistido en que el programa no implica aceptar deportados con historial delictivo ni menores de edad no acompañados. Además, Ecuador se compromete a no devolver a ninguna persona transferida por EE.UU. mientras exista un trámite migratorio pendiente.
La canciller Gabriela Sommerfeld explicó previamente que Ecuador aceptará hasta 300 personas al año, principalmente solicitantes de protección internacional provenientes de diversas nacionalidades. Aclaró también que este acuerdo no replica modelos de otros países como El Salvador y que se aplicará únicamente en casos con condiciones humanitarias específicas.
El texto establece que no habrá fondos asignados por ninguna de las partes para implementar el mecanismo. Su ejecución dependerá de la disponibilidad financiera y de la capacidad técnica tanto de Ecuador como de Estados Unidos. El acuerdo entrará en vigor una vez que Ecuador envíe su confirmación oficial.