El gobierno endureció las reglas migratorias y advierte que incluso residentes permanentes pueden ser expulsados sin derecho a apelación.
Con su regreso al poder, Donald Trump redefinió de manera contundente la política migratoria de Estados Unidos. El nuevo rumbo endurece tanto los requisitos de ingreso como las condiciones para conservar la permanencia legal, alcanzando incluso a quienes ya cuentan con residencia. En ese marco, el gobierno federal activó un esquema de control más estricto, basado en una política de aplicación inflexible de la ley, que prioriza la seguridad nacional y contempla sanciones más duras ante cualquier incumplimiento.
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Como parte de este enfoque, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que podrá expulsar del país, sin derecho a apelación, a extranjeros que mantengan vínculos con organizaciones criminales o actividades consideradas terroristas. La medida apunta directamente a residentes permanentes que, pese a tener Green Card, sean identificados como una amenaza para el orden público o la seguridad del Estado.
La Green Card ya no garantiza protección automática frente a deportacioneS.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que las autoridades detectaron posibles nexos entre algunos residentes legales y Viv Ansanm, una red de pandillas haitianas catalogada como organización terrorista extranjera. Según explicó, cualquier inmigrante que colabore, financie o tenga relación directa con grupos de este tipo perderá automáticamente su residencia permanente y será removido del país de manera expedita, sin acceso a una audiencia migratoria.
La administración estadounidense fue enfática: la Green Card ya no ofrece protección frente a conductas graves. El estatus puede ser revocado de inmediato si el titular incurre en acciones que contradigan los intereses de seguridad nacional.
De acuerdo con las normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ciertos delitos y faltas graves pueden resultar en la deportación directa de residentes permanentes. Entre los más relevantes se incluyen el fraude migratorio, la violencia doméstica, delitos graves como homicidio, y la participación ilegal en procesos electorales en Estados Unidos.
En paralelo, el gobierno anunció un bloqueo migratorio que entrará en vigencia el 1 de enero y afectará a ciudadanos de seis países considerados de alto riesgo: Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria, además de personas que viajen con documentos emitidos por la Autoridad Palestina. Incluso quienes ya tenían trámites iniciados enfrentarán controles más estrictos y demoras adicionales.
El decreto también aclara que residentes permanentes, titulares de visa, diplomáticos y deportistas internacionales no estarán exentos de revisiones adicionales, lo que marca un nuevo escenario migratorio mucho más restrictivo para quienes buscan entrar o permanecer legalmente en Estados Unidos.