La medida preocupa a familias inmigrantes y abogados de inmigración por sus posibles repercusiones legales y económicas para los patrocinadores.
Durante la administración de Donald Trump, el gobierno federal inició un proceso formal para notificar a los patrocinadores de inmigrantes legales que podrían tener que asumir los costos de ciertos programas de asistencia pública utilizados por las personas a las que patrocinan. Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por endurecer las políticas migratorias y limitar el acceso de los inmigrantes a ayudas financiadas por el Estado.
Esta medida forma parte de una reforma más amplia de los beneficios públicos para inmigrantes.
Según Univision Noticias, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que los patrocinadores cuyos beneficiarios hayan utilizado programas como Medicaid u otros servicios financiados federalmente podrían verse obligados a reembolsar estos gastos.
Jim O’Neill, subsecretario de Salud y Servicios Humanos, explicó que el objetivo es alertar sobre esta posible responsabilidad, aunque aún no se han definido con claridad los criterios para calcular los reembolsos.
La medida ha generado preocupación entre quienes apoyan a inmigrantes residentes legales, quienes ahora buscan asesoría legal para comprender el alcance de su obligación.
Expertos en inmigración, como Luis Victoria, han destacado que muchos patrocinadores desconocen el alcance total de su compromiso bajo el formulario I-864, mediante el cual se comprometen a evitar que el inmigrante se convierta en "carga pública".
Sin embargo, los especialistas señalan que recibir la carta no significa automáticamente que exista una obligación de pago retroactivo; cualquier reembolso debe determinarse mediante un proceso legal formal. Esta aclaración es clave para evitar confusiones y proteger a los patrocinadores de posibles errores o demandas indebidas.
Estas cartas se emiten en paralelo con otras medidas del gobierno federal para limitar el acceso de inmigrantes a servicios públicos. Por ejemplo, se ha instruido a los programas estatales de Medicaid a revisar la elegibilidad de ciertos beneficiarios según su estatus migratorio, lo que ya ha afectado a más de 170,000 casos en varios estados, según Univision Noticias.
Las autoridades sostienen que esta revisión busca garantizar el cumplimiento de la ley y controlar un gasto que supera los mil millones de dólares en ciertos estados.
Además, la administración Trump ha reforzado la aplicación de la regla de "public charge", que permite negar o revocar solicitudes de residencia permanente si los inmigrantes reciben ciertos beneficios públicos por períodos prolongados, incluyendo Medicaid, SNAP o ayudas de vivienda. Aunque esta normativa no es nueva, su aplicación se ha intensificado, afectando directamente la planificación financiera de las familias que patrocinan inmigrantes.