En enero, dos tiroteos mortales en Minneapolis provocaron protestas contra la política antimigrante y reavivaron el debate sobre la responsabilidad policial.
La reciente declaración del vicepresidente J.D. Vance sobre un tiroteo mortal en Minneapolis ha encendido el debate sobre la inmunidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos. La polémica gira en torno al agente que disparó y causó la muerte de Renée Nicole Good, y la afirmación de Vance de que "estaba haciendo su trabajo" y que goza de "inmunidad absoluta", según CNN, ha generado críticas de expertos legales, quienes consideran que la situación es mucho más compleja.
Desde la Casa Blanca, Vance defendió al agente implicado y pareció frenar la posibilidad de un proceso penal en Minnesota: "El precedente aquí es muy simple. Se trata de un funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley federal que estaba realizando una acción federal: ese es un asunto federal. Ese hombre está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo", declaró Vance, citado por CNN.
Expertos legales, sin embargo, cuestionan esta interpretación. Michael J.Z. Mannheimer, profesor de derecho constitucional, afirmó: "La idea de que un agente federal tenga inmunidad absoluta por los delitos que comete en el ejercicio de sus funciones es absolutamente ridícula", según CNN.
Timothy Sini, exfiscal federal, añadió: "Los funcionarios no tienen derecho a la inmunidad absoluta por ley", recalcó CNN.
En 2025, el ICE registró su mayor número de muertes en 20 años: más de 30.
Procesar a un agente de ICE por delitos estatales es complicado pero posible. Un funcionario acusado podría intentar trasladar el caso a un tribunal federal, donde un juez evaluaría si actuaba dentro de sus funciones oficiales y si sus acciones fueron objetivamente razonables según las circunstancias, lo cual sería clave para decidir sobre la inmunidad y la continuidad del proceso.
"En cada paso del proceso, lo que se determina es esencialmente la razonabilidad. Y lo que es objetivamente razonable en las circunstancias particulares se evalúa desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos, y depende de los hechos conocidos por el agente en ese preciso momento", explicó Sini a CNN.
La investigación local también enfrenta obstáculos. Funcionarios federales han limitado la participación de investigadores estatales, lo que ha dejado a la Oficina de Detención Criminal de Minnesota con pocas herramientas para examinar el tiroteo y presentar evidencia a los fiscales.
Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA), advirtió: "Sin acceso completo a las pruebas, los testigos y la información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que exige la ley de Minnesota y el público. Esperamos que el FBI lleve a cabo una investigación exhaustiva y completa", reportó CNN.