California permite que inmigrantes y residentes reclamen contra agentes federales por violar la Constitución, en el marco de la política migratoria de Trump.
California avanza hacia un nuevo marco legal que permitirá a los residentes demandar a agentes federales, incluidos oficiales de ICE, por violaciones a sus derechos constitucionales. El Senado estatal aprobó recientemente la llamada Ley No Kings, una iniciativa que busca llenar un vacío legal histórico en la protección de los inmigrantes frente a abusos de funcionarios federales. La medida ahora espera la aprobación de la Asamblea y la firma del gobernador Gavin Newsom.
California propone la Ley No Kings para permitir demandas contra agentes del ICE.
La Ley No Kings permitirá a las personas presentar demandas civiles en tribunales estatales contra agentes federales que violen derechos constitucionales. Según Associated Press, el senador demócrata Scott Wiener, autor de la ley, afirmó: "Estamos poniendo fin a la impunidad que ha permitido la terrorífica y horrenda escalada del ICE y la Patrulla Fronteriza en las ciudades estadounidenses".
La legislación busca crear un mecanismo alternativo al limitado recurso conocido como demandas Bivens, que históricamente permitía demandar directamente a agentes federales, pero que ha sido restringido por los tribunales en las últimas décadas. Esto deja a muchas víctimas sin posibilidad de acceder a una justicia efectiva.
La aprobación de la ley llega en un momento de tensiones entre el gobierno federal y California. Durante la administración de Donald Trump, se desplegaron más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y cientos de marines en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador Newsom, lo que generó protestas masivas contra las redadas migratorias y el perfilamiento racial.
Según EL PAÍS, estas medidas fueron vistas como parte de una estrategia más amplia contra ciudades gobernadas por demócratas: "Estos agentes deben enfrentar consecuencias reales por aterrorizar a nuestras comunidades".
La Ley No Kings tendría aplicación retroactiva desde marzo de 2025, antes del inicio de la ofensiva, lo que permitiría a las víctimas afectadas por las recientes acciones federales buscar compensación.
Organizaciones de defensa de inmigrantes han celebrado la aprobación de la ley en el Senado. Héctor Pereyra, director de la Inland Coalition for Immigrant Justice, aseguró: "Es más necesaria que nunca. Este proyecto de ley busca garantizar que nadie esté por encima de la Constitución y que los agentes federales rindan cuentas cuando violen derechos constitucionales".
El proyecto cuenta con alta probabilidad de avanzar en la Asamblea estatal, donde los demócratas mantienen una supermayoría que facilita su aprobación, y posteriormente ser firmado por el gobernador Newsom, lo que consolidaría un mecanismo legal para proteger a las comunidades inmigrantes frente a abusos federales.