IMPORTANTE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: juez BLOQUEA deportaciones a terceros países y avala el DERECHO al debido proceso
Un juez federal detuvo las deportaciones a terceros países y reafirmó el derecho de los inmigrantes a recibir notificación y oportunidad de impugnar.
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La política del presidente Donald Trump de deportar inmigrantes a terceros países con los que no tienen vínculos ha sido declarada ilegal por un juez federal, generando un importante precedente para la protección de los derechos de los inmigrantes en EE. UU.
El juez Brian E. Murphy, del distrito de Massachusetts, dictaminó que los inmigrantes deben recibir una notificación significativa y la oportunidad de impugnar antes de ser enviados a un tercer país, reforzando el principio del debido proceso.
Suspensión temporal y derecho a apelar
Murphy permitió que su fallo se suspenda por 15 días, dando tiempo al Gobierno para apelar. Esta medida sigue al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el año pasado autorizó temporalmente la deportación de ciertos inmigrantes a países como Sudán del Sur, donde no tenían vínculos ni garantías de seguridad.
Un juez federal detuvo las deportaciones a terceros países y reafirmó el derecho de los inmigrantes.
El juez advirtió que la política del Departamento de Seguridad Nacional ejecuta las deportaciones antes de que los inmigrantes puedan presentar impugnaciones válidas, lo que "extingue sus derechos fundamentales".
Antecedentes y nuevas acusaciones
En junio, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de EE. UU. aprobó deportaciones rápidas a terceros países, decisión que recibió críticas de las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, quienes consideraron que otorgaba un trato especial al Gobierno. Murphy también acusó al Gobierno de violar órdenes judiciales previas. Según detalló, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a varios integrantes del grupo demandante sin cumplir con los procesos requeridos.
La política apuntaba a inmigrantes que tenían protecciones para no ser enviados a sus países de origen, donde temían persecución o tortura. Este fallo se interpreta como un respaldo clave a los derechos de los inmigrantes, reafirmando que nadie en EE. UU. puede ser privado de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal.
