Hartford pausó la normativa de Connecticut que exigía el uso de mascarillas por parte del ICE, fundamentándose en el caso de Nueva York. ¿Qué significa ello?
Recientemente, el juez federal de Hartford, Vernon D. Oliver, dictó una orden judicial preliminar que impide a Connecticut implementar su ley estatal (Proyecto de Ley del Senado 397), la cual prohibía a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocultar su rostro. Esta decisión, emitida el 20 de noviembre de 2026, se alinea con los fundamentos legales que anteriormente habían sido utilizados para bloquear una normativa parecida en Nueva York. AQUÍ todo lo que se sabe.
Según información de 'The South Shore Press', el juez Oliver, en una resolución de casi 40 páginas, dictaminó que varias secciones de una ley estatal podrían infringir la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Este principio establece que los estados no pueden interferir en las operaciones del gobierno federal, y que los agentes federales poseen inmunidad ante procesos estatales cuando actúan dentro de sus competencias.
Ahora, la medida cautelar dictada por el magistrado ha bloqueado la aplicación de disposiciones fundamentales de la norma promulgada en mayo de 2026 por el gobernador Ned Lamont. Entre estas se encuentran las siguientes:
Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró el fallo, argumentando que solo las agencias federales tienen la autoridad para investigar a sus propios oficiales y que las mascarillas son esenciales para proteger a los agentes y sus familias del acoso. Por su parte, la oficina del gobernador Lamont criticó la decisión, cuestionando los operativos de agentes encapuchados sin identificación visible, mientras que el fiscal general William Tong anunció que está evaluando las acciones legales a seguir.
El reciente anuncio en Hartford se dio en adopción de la decisión del 3 de agosto de 2026, la cual fue tomada por la jueza federal Mae D'Agostino en Nueva York. En aquella ocasión, la magistrada decidió suspender la implementación de la Ley MELT, que había sido firmada por la gobernadora Kathy Hochul, en lo que respecta a los agentes federales.
D'Agostino había argumentado que únicamente las autoridades federales pueden definir las políticas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.