Ron DeSantis y el proyecto de inmigración en Florida que incluye detenciones y vuelos de deportación

A principios de mayo de 2025, el gobernador Ron DeSantis le presentó a Donald Trump un proyecto para fortalecer la cooperación en asuntos migratorios, con la finalidad de acelerar las deportaciones masivas. Este documento, denominado 'Plan de Operaciones de Control de Inmigración' y compuesto por 37 páginas, se centra en cómo el estado podría participar directamente en la aplicación de políticas migratorias federales, asumiendo funciones que tradicionalmente corresponden al gobierno central.

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¿Qué propone el proyecto de inmigración en Florida?

Según The Florida Courier, el proyecto incluye medidas como la construcción acelerada de centros de detención, el uso de abogados militares de la Guardia Nacional de Florida como jueces de inmigración, y la organización de vuelos de deportación mediante contratistas del estado.

También se plantea una estructura de mando operada por Florida que permitiría a sus agentes actuar sin esperar autorización federal, delegando la coordinación a la División de Gestión de Emergencias del estado. Según el gobernador Ron DeSantis, este plan es una solución completa y efectiva que actuaría como un “multiplicador de fuerza” en la lucha contra la inmigración irregular.

¿Qué comentó Ron DeSantis sobre las políticas migratorias en Florida?

Durante una conferencia de prensa en Tampa, DeSantis aseguró que Florida ya lidera a nivel nacional en políticas migratorias y que este plan solo reafirma ese liderazgo. Resaltó que más de 1.800 agentes de la Patrulla de Carreteras están capacitados para colaborar en la aplicación de leyes migratorias, y defendió la legislación estatal que obliga a los gobiernos locales a cooperar con las autoridades federales.

El gobernador afirmó que esta normativa evita que haya "alcaldes liberales" que desobedezcan la ley migratoria, ya que podrían ser suspendidos de su cargo por incumplimiento del deber. Por otro lado, la representante demócrata Anna Eskamani criticó la propuesta, argumentando que la inmigración es una competencia federal y que este tipo de iniciativas afectan negativamente la economía y desvían recursos clave de la seguridad pública y los servicios esenciales.