Es inmigrante, le prometieron protección, pero ICE lo detuvo: caso preocupa a la comunidad latina en Estados Unidos

José Madrid-Leiva, ciudadano guatemalteco, esposo y padre de tres hijos que residen en Kansas, fue víctima de un asalto a mano armada en 2022. A raíz de este lamentable hecho, accedió a ciertas protecciones migratorias previstas para personas que han sufrido delitos graves en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de ello, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha generado preocupación en su entorno familiar.

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José Madrid-Leiva bajo custodia de la ICE

José Madrid-Leiva, llegó a Estados Unidos en busca de una vida segura y estable para él y su familia. Esposo y padre de tres hijos, se estableció en el estado de Kansas, donde intentaba construir un futuro con esfuerzo y discreción. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado en 2022, cuando fue víctima de un violento asalto a mano armada.

Tras el lamentable suceso, José pudo acceder a ciertos beneficios migratorios, entre ellos la posibilidad de solicitar una visa U, un recurso destinado a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades y que otorga estatus legal temporal en Estados Unidos. Sin embargo, lo que ocurrió después tomó a su familia por sorpresa. En abril, su hermano Jairo se enteró de que José había sido detenido durante una parada de tráfico por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Estamos devastados”, comentó.

La esposa de José describe con angustia el impacto que la detención ha tenido en sus hijos. “Los niños no duermen. Tienen ojeras y están cada vez más delgados”, expresó, visiblemente afectada. La situación ha generado un clima de incertidumbre y desesperación en el hogar. Este caso, lamentablemente, no es aislado: representa uno de los muchos ejemplos que persisten en Estados Unidos como consecuencia de las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump.

Una defensa que no culmina

Rekha Sharma-Crawford, abogada de José Madrid-Leiva, está al frente de su defensa legal. Indicó que actualmente lucha por evitar su detención y deportación en un tribunal federal. Además, señaló que el caso de su cliente es reflejo de un patrón más amplio: “Estas políticas forman parte de una tendencia nacional contra los inmigrantes que se ha intensificado en los últimos años”, afirmó.

“La retórica es: ‘Estamos tratando de deshacernos de lo peor’. Pero las personas que han sido víctimas de delitos violentos no son lo peor”, enfatizó Sharma-Crawford, criticando el enfoque del gobierno hacia los indocumentados. Sus declaraciones cobran aún más fuerza frente a otras decisiones impulsadas por la actual administración, como la intención de poner fin al programa DACA, lo que pondría en riesgo de deportación a unos 350.000 migrantes venezolanos que actualmente cuentan con esa protección.